La investigación por el fentanilo adulterado, que ya dejó cerca de 100 muertes en el país, avanzó este lunes con una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos. La medida fue dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta.
En total se realizaron siete operativos que incluyeron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y dependencias del Ministerio de Salud, que recientemente había desistido de continuar como querellante en la causa.
Durante los procedimientos, se incautó el teléfono celular de Nélida Agustina Bisio, directora de la Anmat. En el caso del Iname, su titular Gabriela Mantecón Fumadó fue apartada del cargo tras conocerse posibles vínculos con los laboratorios bajo investigación.
Según la fiscal Roteta, estos organismos habrían actuado con “negligencia, connivencia o complicidad” en las inspecciones realizadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro.
La Justicia busca documentación y teléfonos celulares que puedan aportar pruebas clave para determinar responsabilidades en la falta de controles. Mientras tanto, aún restan definirse las indagatorias y situaciones procesales de los acusados, en una causa que sigue sumando datos fragmentarios y de difícil verificación.
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