La resolución 153/2025 establece que los presos en el "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo" podrán recibir solo a dos familiares directos mayores de 16 años cada 15 días, sin contacto físico y con un límite de 60 minutos. También se habilitan visitas de hijos menores de 16 años bajo las mismas condiciones.
Las medidas surgen tras la detección de que algunos internos utilizaban los encuentros con familiares y abogados para dar instrucciones a sus redes delictivas en el exterior. Durante 2024, la Justicia Federal y de Santa Fe ordenó la detención de nueve familiares y dos abogados defensores de presos de alto riesgo por presunta vinculación con delitos como narcotráfico, extorsión y amenazas.
El Servicio Penitenciario Federal tendrá la obligación de denunciar cualquier delito que se detecte dentro del sistema y podrá solicitar la intervención de comunicaciones o la prohibición de visitas cuando sea necesario.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que las nuevas medidas son "razonables y proporcionales" para evitar que las cárceles sean centros de comando de organizaciones criminales.
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