Esa pensión es de 15.600 soles, unos 3.800 dólares, y es legal que Merino la reclame, más allá de que ocupó el Ejecutivo solo entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020.
El entonces congresista llegó al Palacio Pizarro luego de que el Congreso decidiera sacar del cargo al entonces mandatario Martín Vizcarra por incapacidad moral.
La estancia de Merino en el gobierno fue breve porque renunció tras las multitudinarias marchas en su contra, que dejaron dos muertes, las de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
En su cuenta de la red Twitter, el exprocurador adjunto Ronald Gamarra precisó que el exlegislador tramitó el pedido el martes 7 de este mes.
“Estuvo seis días al frente de un Gobierno usurpador y represor, fue defenestrado por la ciudadanía movilizada, está investigado por asesinato y el 7 de septiembre ha solicitado al Congreso que se le otorgue pensión vitalicia por ‘haber sido presidente’”, advirtió Gamarra, según el sitio del diario La República.
Merino, dirigente de Acción Popular, basó su pedido en la Ley 26.519, aprobada durante el régimen de Alberto Fujimori, que establece pensión para expresidentes constitucionales, con la excepción de quienes hayan sido acusados por el parlamento.
“La norma que establece el derecho a este beneficio; no distingue entre aquellas personas que ocuparon la Presidencia de la República fruto de la decisión popular del sufragio o como consecuencia de una regla de sucesión establecida en la Constitución. Tienen derecho a gozar este beneficio todos los que optaron directa o por encargo la primera magistratura”, explicó el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García.
En idéntico sentido, la constitucionalista María Antonieta Gonzáles juzgó que Merino podría acceder al pago mensual “aunque políticamente sea cuestionable y lo es jurídicamente”.
Fuente: Télam
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