Rosario se convirtió en la primera ciudad del país donde comenzará a aplicarse de forma efectiva la Ley Antimafia.
La Justicia Federal avaló el pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera dirigida por Patricia Bullrich, junto a fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), para habilitar un nuevo esquema de intervención judicial con enfoque territorial, orientado a desarmar redes narco-criminales, de lavado de dinero y economías delictivas paralelas.
La normativa implica que todos los integrantes de una organización delictiva, desde sus cabecillas hasta colaboradores logísticos, podrán recibir la misma pena, incluso la máxima, sin importar su rol jerárquico. Con este cambio, la estructura mafiosa se investiga como un todo y no como hechos aislados.
A su vez, se creó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que articulará tareas entre fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), estableciendo una coordinación inédita en el plano local.
La medida se aplicará en zonas críticas previamente delimitadas por las fuerzas de seguridad, donde ya se identificaron bandas organizadas que encajan en los criterios establecidos por la ley.
Allí se habilitará el uso de herramientas procesales especiales y un refuerzo logístico para profundizar las tareas de inteligencia y judicialización.
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