El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dio este martes el puntapié inicial a un nuevo programa de controles antidrogas que alcanzará a policías, penitenciarios y funcionarios del área de seguridad. Para dar el ejemplo, Pullaro fue el primero en someterse al narcotest junto al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, ambos con resultado negativo.
El operativo antidrogas se realizará de manera sorpresiva y obligatoria, sin previo aviso, con el objetivo de reforzar la transparencia y asegurar que quienes integran las fuerzas de seguridad no consuman sustancias ilegales. Según explicaron las autoridades, la medida busca “garantizar la integridad y la responsabilidad” de los efectivos y funcionarios que tienen a su cargo tareas clave en la seguridad pública.
Los controles consisten en un hisopado bucal que detecta la presencia de cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas, con resultados que se conocen en minutos y quedan bajo resguardo jerárquico, con destino final en el despacho del gobernador. Los análisis serán realizados por un laboratorio externo, en un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología.
Pullaro recordó que esta política ya se había implementado durante su gestión previa como ministro en 2017, y destacó la necesidad de tener una "fuerza preparada y confiable". “Invertir en infraestructura y equipamiento no es suficiente. También necesitamos personal en condiciones físicas y psíquicas para cumplir su labor”, subrayó.
La iniciativa también establece que el narcotest será obligatorio para ingresar o ascender dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. Cococcioni precisó que los controles serán aleatorios y rotativos para evitar filtraciones, y quienes no se presenten sin justificación enfrentarán sanciones y restricciones para acceder a cargos jerárquicos.
Desde el gobierno aclararon que si se detecta consumo ocasional, se priorizará el abordaje desde la salud, pero si se trata de personas en funciones sensibles o con mando, se podrá disponer su remoción. “Esto no es una persecución, es una cuestión de responsabilidad pública”, remarcó Pullaro, quien destacó la ejemplaridad del gesto.
La medida se enmarca dentro de un plan integral que busca fortalecer las instituciones y recuperar la confianza de la sociedad en las fuerzas de seguridad.
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