El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona firmaron el decreto que oficializa la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, quien dejará su cargo en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 4 de Rosario desde este martes 1° de julio.
Bailaque enfrenta un proceso judicial que lo involucra en presuntas maniobras para beneficiar a personas vinculadas con el narcotráfico. Con su renuncia, presentada el pasado 10 de junio, evita el proceso de remoción y accede a su jubilación como exjuez federal.
Uno de los puntos más relevantes ahora es el futuro de la orden de prisión preventiva dictada en su contra por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz en abril. La medida no había sido ejecutada debido a los fueros que le otorgaba su cargo.
El proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura ya había avanzado. El 19 de junio, la Comisión de Acusación había aprobado por unanimidad una propuesta para suspenderlo y dar inicio a su remoción. Sin embargo, el tratamiento del caso en el plenario aún no tenía fecha definida.
Las acusaciones
Entre los cargos más graves contra Bailaque figura su presunto vínculo con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narco más peligrosos de la región. Su contador compartía funciones con el entorno de Alvarado.
Otro de los hechos por los que se lo investiga es una presunta causa fraguada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias, en la que habrían participado el financista Fernando Whpei y el exjefe de la Afip Rosario, Carlos Vaudagna, quien declaró como arrepentido. Según la denuncia, habrían exigido una coima de 200 mil dólares para frenar una investigación.
El tercer cargo refiere al manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores intervenida judicialmente. Parte de esos recursos habrían sido desviados a la mutual Grupo Unión, bajo control de Whpei.
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