La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, expuso nuevamente su postura sobre la situación actual del sistema de transporte. “Queremos que las otras aplicaciones se incorporen a la ordenanza”, afirmó.
Según explicó, ya está en marcha una ordenanza específica para estas plataformas, y se trabaja para que ingresen al sistema legal. “Aprobamos una ordenanza de aplicaciones que está en marcha, y estamos trabajando para que se sumen al sistema legal”, sostuvo Schmuck.
Uno de los principales objetivos es poder monitorear y fiscalizar a todos los actores del sistema de transporte. “Para nosotros es muy importante además, tener la posibilidad de tener a todo el sistema monitoreado, no solo taxis y remises”, señaló. Y añadió: “Es importante que el Estado pueda saber dónde están y poder fiscalizarlos para que la gente no se suba a un auto que no sabe quién lo maneja”.
Schmuck también hizo foco en los motivos que llevan a muchas personas a elegir estas plataformas: “La gente está eligiendo estas aplicaciones porque son mucho más baratas”. A su vez, remarcó que se trata de una cuestión económica tanto para conductores como para usuarios. “No vamos a bajar a un rosarino de uno de estos autos particulares cuando a lo mejor es alguien que está haciendo una changa para llevar un plato de comida a la casa”, dijo.
En cuanto a los taxis y remises, Schmuck recordó que el Concejo habilitó una baja del 30% en la tarifa para que puedan competir con los valores que ofrecen las apps.
Por su parte, el sindicato de peones advierte que muchos taxistas están utilizando estas plataformas porque concentran la mayor parte de la demanda. Señalan que se trata de una estrategia de subsistencia frente a ingresos muy bajos, ya que los choferes trabajan a comisión. El temor principal es la posibilidad de ser sancionados durante controles municipales, con multas que podrían alcanzar los 200 mil pesos. Las sanciones recaerían tanto sobre los peones como sobre los titulares de licencias.
Actualmente, según el estudio de costos del Ente de la Movilidad, elaborado con una fórmula de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, la tarifa oficial del sistema de taxis está un 80% atrasada. A pesar de ese desfasaje, el Concejo autorizó una baja adicional del 35% para hacerla más competitiva, aunque su implementación resulta incierta.
Mientras tanto, las aplicaciones continúan operando fuera del marco legal y sin una tarifa regulada. Sus precios varían de acuerdo a la oferta y la demanda, lo que genera una fuerte asimetría en la competencia con el sistema tradicional.
En este contexto, los peones insisten en que no deberían recibir sanciones por trabajar en estas plataformas, pero con las normativas actuales, el planteo parece difícil de concretar. Desde el municipio, el intendente ratificó la línea de trabajo: “Queremos que todos estén bajo el paraguas legal”.
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