La crisis financiera que estalló en Cañada de Gómez a partir del colapso del llamado Grupo Macchi continúa expandiéndose por la región, salpicando a más empresas, localidades y entidades bancarias. El contador Abel Macchi, figura central del escándalo, acumula ya tres denuncias penales por estafa y un volumen de cheques rechazados que supera los 2.470 millones de pesos.
A las primeras acusaciones se sumaron en las últimas horas dos nuevas denuncias, una presentada por Metal Del Blanco S.R.L., de San Jerónimo, y otra por Acopio Montes de Oca S.R.L. Previamente, había denunciado la Asociación Mutual Sport Club Cañadense, a la que Macchi le adeudaría unos $124 millones entre cheques impagos y mutuos incumplidos.
Las tres denuncias comparten una misma hipótesis; detrás de la caída del conglomerado no habría simplemente un fracaso empresarial, sino el funcionamiento de una estafa piramidal cuidadosamente diseñada. Por ese motivo, los denunciantes pidieron a la Justicia allanamientos urgentes en las sedes de las empresas y también en domicilios particulares de familiares directos de Macchi, entre ellos su esposa Sandra Urquiza y sus hijos Juan Manuel y José Ignacio Machi.
El caso ya fue trasladado a la sede Rosario del Ministerio Público de la Acusación, donde quedó en manos de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, bajo la fiscal María Teresa Granato.
Según el Banco Central, las firmas vinculadas a Macchi , seis en total, muchas de ellas sospechadas de funcionar como fachada para una presunta mesa de dinero,ya suman 862 cheques rechazados por un total de $2.470.271.853. Además, mantienen créditos vigentes con 11 bancos por más de $4.900 millones. Aunque esas deudas todavía no figuran en mora, la situación genera una creciente preocupación en el sistema financiero, sobre todo en entidades nacionales que no redujeron su exposición antes del default.
Una de las aristas más graves del caso es el efecto dominó: muchos de los cheques del grupo Macchi circulaban como forma de pago entre empresas que no tenían vínculo directo con él. Así, el impacto se extendió a firmas y proveedores de otras localidades que hoy también se ven arrastrados por la crisis.
Mientras tanto, la Municipalidad de Cañada de Gómez sigue con atención la situación de una de las empresas textiles del grupo, que emplea a unas 150 personas. Aunque la fábrica continúa operando y entregando pedidos, la incertidumbre reina entre sus trabajadores, ante el temor de que la empresa no pueda sostener su actividad en el corto plazo.
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