Después de ocho años de demora y cuatro postergaciones, este lunes por la mañana comenzó en el Centro de Justicia Penal el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria y docente de la Escuela Gurruchaga, que falleció en la Comisaría 10ª el 3 de mayo de 2017.
Cinco policías llegaron a debate imputados por delitos graves: homicidio preterintencional e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Paris había ingresado esa noche a la seccional de barrio Alberdi para pedir ayuda, según consta en la investigación, luego de denunciar que una moto la seguía con intenciones de robo. Poco más de una hora después, murió dentro de una oficina de la comisaría, esposada a una silla.
La secuencia de hechos nunca fue esclarecida por completo y motivó un extenso reclamo de justicia por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y el ámbito docente.

La apertura del juicio estuvo marcada por la presencia de la hija de Paris, quien era una adolescente cuando ocurrió el hecho y hoy asistió a la sala de audiencias.
Desde AMSAFE, sus compañeras docentes volvieron a sostener que el caso expresa un patrón de violencia institucional. Verónica, integrante del gremio, explicó que la intervención de abogadas y organismos de derechos humanos fue clave para refutar la versión inicial de una muerte natural. “Una vez que ocurre algo en una comisaría, no es fácil llevar la situación adelante”, expresó.
También destacó el rol de la segunda autopsia, a partir de la cual, señaló, se pudieron constatar lesiones determinantes: “la muerte de María de Los Ángeles es producto de esas lesiones”.
Las compañeras remarcaron que el recorrido de la víctima esa noche aún genera interrogantes, ya que apareció en una comisaría alejada del lugar donde se le perdió el rastro.
Desde el Ministerio Público de la Acusación, el jefe de los fiscales, Matías Merlo, sostuvo que la realización del juicio constituye un paso necesario para dar una respuesta a la familia. Explicó que la acusación presente en el debate es la misma que la fiscalía mantuvo durante la investigación y remarcó que procesos tan extensos no deberían demorarse tantos años.
El juicio oral y público se desarrollará durante aproximadamente cinco jornadas. En ese lapso se espera reconstruir lo ocurrido dentro de la Comisaría 10ª aquella noche de 2017 y determinar las responsabilidades de los cinco efectivos imputados.

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