Este martes comenzó la audiencia imputativa por una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la carga de combustible para móviles policiales. En total, hay 17 personas acusadas de malversación: 13 efectivos policiales de distintas jerarquías y 4 civiles vinculados a una estación de servicio.
Por razones de seguridad, los imputados no se presentarán de forma presencial en la sala del Centro de Justicia Penal, sino que seguirán la audiencia vía videoconferencia. El proceso, que se extenderá al menos hasta el miércoles por la tarde, está a cargo del juez penal de primera instancia Gustavo Pérez Urrechu.
La investigación, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, puso bajo la lupa a una estructura que operaba con sobrefacturaciones sistemáticas en las cargas de combustible, una maniobra que requería la participación coordinada de personal policial del área logística y la colaboración de privados vinculados a estaciones de servicio.
El caso motivó a la intervención de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe. En paralelo, tres personas inicialmente detenidas, dos del Comando Radioeléctrico y una del Taller Tarragona, fueron liberadas al comprobarse que no participaron en las maniobras.
Se espera que en los próximos días se definan las medidas cautelares para los acusados, mientras avanza una investigación que promete nuevas derivaciones en la estructura policial.
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