Los legisladores nacionales por Santa Fe presentaron en la fecha estipulada el proyecto de ley para la creación de cargos de la Justicia Federal en distintos puntos del territorio provincial, tal como habían acordado hace unos días con el gobernador Omar Perotti. Esta iniciativa es una de las que se vienen reclamando en el intento de contener el avance del narcotráfico en Rosario, ya que por cuestiones de competencia este delito no puede ser abordado por la Justicia provincial.
De los 19 representantes santafesinos en el Congreso de la Nación solamente tres no firmaron esta iniciativa: los diputados Luciano Laspina y José Nuñez, del PRO, y Carolina Castest (CC-ARI).
El proyecto estipula la creación de 27 cargos de distinto rango en toda la provincia: cinco cargos de fiscal federal penal en Rosario, dos en la ciudad de Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. También se pide uno para la ciudad bonaerense de San Nicolás, sobre la cual la Justicia Federal rosarina tiene jurisdicción.
Además, se solicitan tres cargos de defensor federal penal en Rosario y uno en la capital de la provincia. En tanto, el proyecto contempla la creación de un cargo de juez con funciones de Garantías para Rosario, otro en la ciudad de Santa Fe, en Rafaela, en Reconquista, en San Lorenzo y en Venado Tuerto.
También la creación de tres cargos de magistrados con funciones de Revisión en Rosario, con competencia en las jurisdicciones local y de San Lorenzo, San Nicolás y Venado Tuerto.
Y dos cargos de magistrados con funciones de juicio y ejecución, uno para Rosario (con competencia en San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás) y otro en la ciudad de Santa Fe (cubriendo también Rafaela y Reconquista).
El proyecto consensuado por los legisladores santafesino señala que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensoría General nacionales “tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad” a la implementación de la norma.
“La calidad de la respuesta del sistema judicial tiene un efecto directo sobre la democracia y el desarrollo de los Estados. Si el pueblo no puede ver una relación intrínseca entre el Poder Judicial y el concepto de justicia, estamos frente a un gran problema”, señalaron entre los considerandos del proyecto.
Quienes pusieron su firma son Roberto Mirabella, Marcos Cleri, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Alejandra Obeid, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler. También Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz y Germana Figueroa Casas; Mario Barletta, Ximena García, Juan Martín y María Victoria Tejeda, y Enrique Estévez y Mónica Fein.
Comentarios