Tres efectivos policiales recuperaron la libertad en el marco de la causa por corrupción en el uso de fondos destinados a cargar combustible en patrulleros. Se trata de Francisco T., Ramón S. (ambos del Comando Radioeléctrico) y Davina P. (de Taller Tarragona).
El fiscal José Luis Caterina determinó que no participaron en las maniobras bajo investigación y que su excarcelación no entorpecería la causa.
La audiencia judicial está programada para el martes a las 8 en el Centro de Justicia Penal, y estará a cargo del juez penal de primera instancia Gustavo Pérez Urrechu. Podría extenderse durante varias horas.
En total, serán imputadas 17 personas: 13 policías y 4 civiles, entre ellos Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., Gustavo B., Gerardo R., Juan Pablo O., Sergio Darío L., Fabián F., Jorge D., Fernando C., Mario B., Javier A. y Rodrigo D., además de los civiles Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R., todos vinculados a la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900.
La investigación comenzó hace diez meses, impulsada por una denuncia de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fue presentada en conferencia de prensa el lunes pasado por el ministro Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y Caterina.
Según el fiscal, la maniobra consistió en una sobrefacturación de combustible en complicidad con una estación de servicio. El fraude alcanzaría los 45 millones de pesos, sobre un total mensual de 380 millones asignados al patrullaje. En los allanamientos se encontraron alrededor de 300 tarjetas Visa Flota concentradas en pocas manos, cuando deberían estar distribuidas por chofer.
Además, se detectó que uno de los acusados tenía en su domicilio un posnet de la estación de servicio, y se comprobó por escuchas que desde allí se organizaban pagos en efectivo para los involucrados. También se usaron GPS en móviles policiales y otras medidas de inteligencia para documentar la maniobra.
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