La Policía Federal llevó a cabo el fin de semana una serie de operativos en Rosario y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación por contrabando y comercialización irregular de productos importados. La causa se inició a partir de denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) junto a la Dirección General de Aduanas (DGA).
Según la pesquisa, se descubrió una organización que manipulaba paquetes provenientes del exterior dentro de las instalaciones del Correo Argentino, evitando los controles aduaneros y el pago correspondiente de tributos.
Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en la sede central del Correo en Rosario, ubicada en la intersección de Córdoba y Buenos Aires. Además, se allanaron cinco domicilios particulares en Rosario y otros dos en la provincia de Buenos Aires. La investigación indica que los involucrados habrían ingresado cerca de 500 paquetes con figuras coleccionables y álbumes musicales, los cuales eran vendidos en un local del barrio Abasto.
La maniobra implicaba el uso del sistema simplificado de envíos postales —destinado exclusivamente a consumidores finales— para evadir los controles fiscales. Además, se estableció que los productos eran distribuidos desde un domicilio en San Martín al 400, utilizando identidades de distintos destinatarios ficticios.
Los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y Soledad García, con la colaboración del juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, encabezan la causa. Hasta el momento no se registraron detenciones, aunque a los principales sospechosos, identificados como Andrés M. y Juan Pablo G., se les incautaron teléfonos celulares que serán peritados.
El valor estimado de la mercadería involucrada supera los 155 mil dólares. Parte de los productos se comercializaban en redes sociales y en un local ubicado en CABA, denominado “Tierra Prima”.
Las autoridades sostienen que la maniobra no habría sido posible sin la intervención de personal interno del Correo Argentino, especialmente en su sede central de Buenos Aires. Los hechos ocurrieron entre enero de 2023 y septiembre de 2024, y se los investiga bajo los artículos 864 y 279 de la legislación aduanera vigente, que sancionan eludir controles fiscales y aduaneros.
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