El concejal Lisandro Cavatorta presentó un proyecto que propone beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por daños ocasionados por el arbolado público cuando rompen veredas o viviendas. La normativa vigente indica que si es un árbol que rompe, el responsable es el Municipio, no el frentista.
La ordenanza tiene como objetivo agilizar los tiempos de respuesta. “Hay vecinos que hace años hicieron el reclamo y siguen esperando. Algo tenemos que hacer para cambiar esto”,- señaló Cavatorta.
“Es más que evidente que el problema es la falta de gestión del arbolado público. Ya hubo gente atrapada en sus autos, no podemos esperar a que ocurra una tragedia para que el Municipio reaccione”, enfatizó el concejal Lisandro Cavatorta.
La iniciativa busca atender la falta de respuesta del municipio ante un reclamo recurrente de los rosarinos, quienes en muchos casos llevan años esperando un dictamen de las áreas de arbolado público.
“La gente hace sus reclamos, pero no hay respuesta. Algunos llevan 10 años esperando un estudio fitosanitario. La semana pasada se presentó un plan de veredas que nos parece muy bien, para que paguemos a medias el arreglo, pero si las raíces de un árbol son las que rompieron tu casa o la vereda, es el municipio quien debe hacerse cargo del arreglo”, agregó Cavatorta.
La ordenanza estipula descuentos escalonados según el tiempo que transcurra sin resolución. Si pasan 180 días, el descuento será del 16%. Si el plazo supera los 360 días, el descuento alcanzará el 33%. Estos beneficios se mantendrán vigentes hasta que la medida sea ejecutada, incluyendo la reparación de veredas si corresponde.
“Más de la mitad de las veredas rotas son por las raíces de los árboles. Casi el 80% de los reclamos que presentamos en el Concejo no tuvieron respuesta alguna de la Municipalidad. Y el 20% que sí las tuvo, no resolvió el problema”.
Para acceder a este beneficio, los vecinos deberán acreditar la propiedad o usufructo del inmueble afectado y estar al día con la TGI. Además, el proyecto modifica el artículo 10 de la Ordenanza 5118/91, estableciendo que los reclamos no respondidos en 60 días se consideren aprobados de manera automática.
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