El juez Marcelo Bailaque fue citado por el Consejo de la Magistratura para responder por presuntas irregularidades que comprometen su permanencia en el cargo. Imputado en tres expedientes por corrupción, afronta una investigación administrativa que podría derivar en su suspensión y eventual destitución.
Pese a tener prisión preventiva confirmada, el magistrado continúa en libertad por la inmunidad judicial que le otorga su cargo. Esa protección, sin embargo, podría quedar sin efecto si el Consejo avanza con el proceso disciplinario. La convocatoria formal es para el próximo 17 de junio, fecha límite para que se presente en persona o por escrito con su defensa.
El expediente abierto en su contra se apoya en tres hechos concretos: supuestas maniobras con fondos de una cooperativa intervenida en la zona portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, demoras en una causa por narcotráfico vinculada a Esteban Alvarado, cuyo contador también trabajaba para el juez, y el tratamiento irregular de una denuncia anónima contra un empresario, con participación de funcionarios de organismos de control.
La Cámara Federal de Rosario ya había avalado la prisión domiciliaria para Bailaque, aunque su ejecución está congelada por sus fueros. Ahora, el proceso político-judicial iniciado podría modificar ese escenario. Si el Consejo resuelve avanzar con un juicio político, se necesitará una mayoría calificada para suspenderlo.
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