Las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado ya ascienden a 96 en todo el país, mientras la Justicia avanza en una causa que combina uno de los episodios sanitarios más graves de la historia argentina con un fuerte enfrentamiento político y judicial.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los principales acusados de distribuir las ampollas presuntamente contaminadas, rompió el silencio y sostuvo que podría haber sido víctima de un sabotaje. En declaraciones televisivas, aseguró que su empresa retiró el producto del mercado apenas tuvo conocimiento del problema y cuestionó que no existan pruebas concluyentes que vinculen de forma directa las muertes con el fármaco. También apuntó contra dirigentes políticos y afirmó que el caso fue “politizado” para perjudicarlo.
La Municipalidad de Rosario, querellante en la causa, considera que se trata de una catástrofe sanitaria de alcance nacional. El intendente Pablo Javkin recordó que la firma de Furfaro estuvo vinculada en 2016 a la explosión del laboratorio Apolo y exigió que la Justicia avance con las responsabilidades penales.
El presidente Javier Milei también intervino en el caso y acusó a Furfaro de ser un “eterno socio kirchnerista” protegido por un supuesto entramado de corrupción y encubrimiento. En un acto en La Plata, cuestionó además que el juez a cargo de la causa sea hermano del ministro de Salud bonaerense, insinuando un conflicto de intereses. El magistrado, Alejo Ramos Kreplak, respondió instando al mandatario a no interferir en la investigación.
Mientras tanto, la abogada Adriana Francese, representante de familiares de víctimas, informó que patrocina a diez familias y que espera que más se sumen, ya que podrían existir casos no reportados. Denunció graves irregularidades en los controles de producción del laboratorio, múltiples antecedentes de contaminación en años anteriores y la falta de entrega de documentación clave por parte de la ANMAT, lo que obligó a allanar sus oficinas para obtener 125 expedientes con sanciones previas.
Las pericias científicas, consideradas decisivas para probar la relación entre las bacterias halladas en las ampollas y las muertes, se conocerán en los próximos días. Según Francese, avanzar con imputaciones firmes tras esos resultados será más efectivo que apresurarse sin pruebas sólidas.
En paralelo, la lista de fallecimientos podría seguir creciendo, ya que se revisaron historias clínicas en todo el país para determinar si muertes catalogadas como paros cardiorrespiratorios podrían estar vinculadas al lote de fentanilo contaminado.
La investigación, que ya lleva tres meses, enfrenta un clima de máxima tensión, acusaciones de encubrimiento, pedidos de recusación del juez, denuncias de sabotaje y la sombra de un drama sanitario que, según los querellantes, todavía no mostró su verdadero alcance.
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