El financista Fernando Whpei fue detenido con prisión preventiva por un plazo de 90 días, acusado de haber participado en una extorsión al agente de bolsa Claudio Iglesias, y de haber recibido cerca de mil millones de pesos provenientes de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto General San Martín.
La causa lo vincula directamente con el juez federal Marcelo Bailaque, también imputado en el expediente.
La medida fue dictada en el marco de una audiencia celebrada el martes por la tarde, que se desarrolló en un clima tenso. Además de la prisión preventiva, el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz ordenó un embargo sobre Whpei por 1.500 millones de pesos, junto con la inmovilización de todos sus bienes, incluidos propiedades, vehículos y acciones.
Según la acusación, en 2019 el juez Bailaque habría fabricado una causa penal contra Iglesias para presionarlo a pagar 250 mil dólares con el fin de frenar un proceso por lavado de dinero. De acuerdo con los dichos de Iglesias, fue Whpei quien actuó como intermediario en la gestión de ese pago.
El caso cobró notoriedad pública por tratarse de una causa conexa al expediente que involucra al propio Bailaque, quien se escudó en sus fueros judiciales para evitar la prisión preventiva, aunque su situación está siendo revisada por la comisión del Consejo de la Magistratura. También está implicado Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP, quien declaró como testigo colaborador y confesó su rol en la maniobra a cambio de un acuerdo con la fiscalía.
Durante la audiencia, los abogados defensores de Whpei, Emiliano Díaz y Sergio De Dossi, solicitaron la recusación de los fiscales federales, encabezados por Federico Reynares Solari. Argumentaron que Iglesias inventó la denuncia luego de ser procesado por lavado de activos junto a su socio, el también financista Jorge Oneto. La defensa calificó la denuncia de falsa y señaló que fue motivada por el conocimiento de Iglesias sobre las confesiones de Vaudagna ante la Justicia.
Uno de los puntos que más se discutió fue una supuesta cena en la que, según Vaudagna, Whpei habría sido advertido de la maniobra extorsiva. Los abogados rechazaron esa versión al afirmar que Whpei no asistió porque es alérgico al pescado, y en la reunión se sirvió paella. Además, aportaron el testimonio de un conocido de ambas partes que estuvo en una de las reuniones entre Whpei e Iglesias y aseguró que allí no se habló de extorsión, sino de asesoramiento legal.
También se detallaron vínculos comerciales entre Iglesias y Whpei entre 2020 y 2022, como negociaciones inmobiliarias y compras para un emprendimiento familiar. Para la defensa, estas relaciones prueban que no existió extorsión, ya que Iglesias continuó vinculándose con Whpei durante años.
En cuanto al supuesto objetivo de la extorsión —impedir que Iglesias accediera a la presidencia del Grupo San Cristóbal— la defensa presentó declaraciones de tres altos ejecutivos de la compañía (un CEO y dos gerentes) que negaron que Iglesias haya estado considerado para ese cargo, señalando que no presentó lista y solo ejercía funciones como tesorero.
Finalmente, el juez Da Cruz rechazó la recusación a los fiscales, calificándola de “poco seria” y como una estrategia dilatoria. Tras el rechazo, la audiencia formal comenzó a las 15.30, y culminó con la confirmación de la prisión preventiva de Whpei, quien fue trasladado a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La investigación sigue en curso y se espera que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura avance en la evaluación del rol del juez Bailaque en el entramado de presunta corrupción y extorsión.
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