Una fuerte movilización de padres, alumnos y docentes tuvo lugar hoy frente al colegio María Auxiliadora de Funes luego de que un estudiante, al que la familia identifica como “Lucho”, sufriera una golpiza dentro del establecimiento. Según el relato de su madre, Elizabeth, el joven presenta múltiples golpes, dificultad para respirar por inflamaciones y un notable deterioro anímico y psicológico por el episodio.
Según la denuncia de la familia y testimonios recogidos en el lugar, el ataque ocurrió tras un partido de fútbol: "Fue un ataque a traición y en manada", dijo la madre. Los agresores, se estima que fueron entre 12 y 15 chicos, habrían propinado "decenas y decenas de patadas" y, según los padres, la mayoría ya estaría identificada a partir de chats y pruebas que, sostienen, están en manos de la dirección.
La protesta comenzó cuando la familia aseguró que, mientras Lucho permanece fuera del colegio por su estado físico y psicológico, los presuntos agresores siguen asistiendo a clases. "Mi hijo es la víctima en todo esto y las personas agresoras están dentro del colegio en este momento en clases", afirmó uno de los padres en la movilización.
Los familiares presentaron una nota formal en la dirección del establecimiento y reclaman que se aplique la normativa vigente, mencionaron la ley nacional 26.206 sobre educación, para separar al agresor de la víctima y aplicar sanciones que impidan la convivencia en el mismo curso. Entre los pedidos figura la suspensión inmediata de los agresores y la aplicación de 19 amonestaciones, una solución que, según los padres, facilita el pase de esos alumnos a otro colegio sin impedirles el derecho a la educación, o la expulsión en los casos que correspondan.
Los padres también señalaron que esta no sería la primera situación grave: relataron que el año pasado otro alumno debió abandonar el colegio tras ser atacado, y que dos de los agresores de aquella ocasión continúan matriculados en la escuela. "Esto ya pasó el año pasado con un compañero del colegio que ya no está más en la escuela y los agresores siguen asistiendo", explicó la familia.
Desde la movilización, padres y familias criticaron la gestión del establecimiento por, en su versión, resolver internamente y con poca celeridad estos hechos. La dirección del colegio, según los padres, les informó que está investigando; sin embargo, reclamaron mayor transparencia y acciones preventivas. En el lugar hubo agradecimientos por el apoyo comunitario, carteles pidiendo “expulsión a los agresores”, y aplausos de respaldo para la familia de Lucho.
Los organizadores de la protesta dijeron que intentaron comunicarse con la dirección y que se les otorgó una audiencia para el próximo lunes, aunque algunos padres afirmaron que en otras ocasiones no pudieron concretar encuentros con la autoridad escolar. También pidieron intervención del Ministerio de Educación de la provincia para que los protocolos sean aplicados con firmeza y para que, cuando corresponda, se busque una alternativa educativa para los alumnos sancionados.
Especialistas y padres presentes resaltaron el efecto profundo que este tipo de violencia tiene en adolescentes: además de las lesiones físicas, el daño psíquico puede derivar en ansiedad, depresión y miedo a la repetición del hecho. "Enfrentás una depresión grande cuando te pasa una cosa así", reflexionó uno de los entrevistados, al tiempo que la familia subrayó que Lucho necesitaría un resguardo psíquico antes de pensar en su regreso a clases.
Los padres indicaron que, además de la nota entregada en la dirección, están asesorados por abogados y que cuentan con pruebas, chats y testimonios, para sustentar la denuncia. Reclamaron que la escuela aplique el protocolo para casos de bullying y violencia, identificando el rol de cada participante, y tome medidas que eviten la revictimización, como separar a agresores y víctimas mientras dure la investigación.
Mientras se aguarda la resolución administrativa del colegio y la posible intervención provincial, la comunidad educativa de Funes permanece movilizada. Los presentes coincidieron en que, si la institución no actúa con medidas claras y ejemplares, el costo social y emocional será muy alto para la víctima y la comunidad.
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