Fue intervenida la cúpula de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, en el marco de una investigación que apunta al desvío de al menos 45 millones de pesos destinados a la carga de combustible de móviles policiales. Hay 17 personas detenidas, entre ellas 13 efectivos de distintas jerarquías y 4 civiles relacionados con estaciones de servicio.
La causa comenzó a raíz de una denuncia anónima enviada por correo postal, según explicó el fiscal provincial José Luis Caterina, quien conduce la investigación junto al fiscal regional Matías Merlo. “A partir de allí se pudo ir viendo una malversación de caudales públicos de mucha consideración, que nosotros estamos estimando aproximadamente alrededor de los 45 millones de pesos”, detalló Caterina.
El eje de la maniobra ilegal pasaba por una sobrefacturación sistemática de cargas de combustible, que requería la participación directa de personal policial del área de logística y la complicidad de privados. En uno de los 38 allanamientos realizados se hallaron 300 tarjetas de carga utilizadas para registrar consumos inflados. "Gran parte de eso se concentraba en una estación", precisó el fiscal, y agregó que “la mayoría de estos efectivos policiales que están detenidos son jerárquicos de la Unidad Regional II”.
Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni ordenó la intervención de la Unidad Regional II por 90 días. “En forma preventiva y sin prejuzgar acerca de las responsabilidades que pudiera caberle a cada funcionario, el jefe de la Unidad Regional II queda desplazado por efecto mismo de esta intervención”, anunció el funcionario provincial.
El jefe desplazado es Daniel Acosta, mientras que en su reemplazo fue designado Claudio Romano, un comisario retirado recientemente reincorporado, quien tendrá “la potestad y la autoridad absoluta de mover las fichas que sean necesarias”, explicó Cococcioni en conferencia de prensa.
Además del jefe, fueron puestos en disponibilidad jefes de Logística, Habilitación, Garage, Secretaría Privada, Comando Radioeléctrico, Bou, Caballería y Perros, junto a personal de distintas divisiones como Motorizada, GTM, Infantería y PDI. La intervención, según se indicó, podría extenderse si las circunstancias lo requieren.
A pesar del robo de fondos, los patrullajes no se vieron afectados, lo que demuestra que los responsables operaban sobre la base del sistema real. “No se vio afectado el patrullaje, porque había justamente una sobrefacturación. Es decir, no es que los patrulleros no cargaban combustible, sino que lo que hacían era una sobrefacturación sobre los móviles que ya existían”, aclaró el ministro.
La causa continúa bajo secreto de sumario y se espera que en los próximos días se realicen las audiencias imputativas. Desde el Ejecutivo, la consigna es clara: respaldo a la policía, pero con control. “La inversión en seguridad va de la mano con los controles estrictos”, concluyó Cococcioni.
Comentarios