La Legislatura santafesina tomó la decisión de suspender al fiscal Matías Edery por un período de cuatro meses, sin remuneración, tras ser señalado por mantener una relación impropia con una informante ligada a la banda de Los Monos.
La votación, llevada a cabo por los senadores y diputados en sesión conjunta, respaldó el dictamen emitido por la comisión bicameral de Acuerdos a fines de marzo. El proceso disciplinario se inició debido a un vínculo irregular con Mariana Ortigala, una informante inicialmente asociada a la banda de Esteban Alvarado y luego vinculada al grupo ligado a la familia Cantero.
La suspensión, efectiva por 120 días a partir de la confirmación de la sanción por parte de la Legislatura, prohíbe a Edery reincorporarse al Ministerio Público de la Acusación (MPA) hasta mediados de agosto. Además de la suspensión, se redujo su sueldo a la mitad y se le prohibió ingresar a cualquier dependencia del MPA.
El proceso disciplinario se llevó a cabo en la Legislatura después de que el auditor del MPA, Leandro Mai, considerara las conductas de Edery como una "falta grave".
El titular de Acuerdos, el senador Joaquín Gramajo, defendió la actuación de la comisión: "A pesar de los embates que hemos tenido por las leyes 13.013 y 13.014 (que establecen la organización y el régimen disciplinario del MPA y el servicio de la la defensa penal) y que la Corte declaró constitucionales, la comisión estuvo a la altura de las circunstancias (…) Hemos tratado de preservar la insticionalidad”, agregó y elogió la presidencia de su antecesora, la diputada socialista Lionella Cattalini.
Edery, convocado por la comisión de Acuerdos, negó haber canjeado información por protección con su informante y enfatizó su historial de trabajo en la lucha contra el crimen organizado en la región. “Todos saben de mi trabajo. Hemos detenido a todos los cabecillas de las organizaciones criminales. Lo único que hice es intentar investigar, construir una provincia mejor”, expresó.
Paralelamente al proceso disciplinario, la Justicia provincial avanzó en una causa por encubrimiento agravado, omisión de investigar, violación de medios de prueba y prevaricato, dirigida por los fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, de Santa Fe.
Las denuncias contra Edery profundizaron la crisis en la regional Rosario del MPA, que aún no se ha recuperado del escándalo vinculado al juego clandestino, lo que llevó a la intervención de la fiscalía rosarina por parte de la fiscal general María Cecilia Vranicich el 19 de marzo.
Comentarios