La ciudad de Rosario se convirtió este viernes en el primer territorio del país donde entrará en vigencia la Ley Antimafia, un nuevo marco normativo que endurece penas y amplía las capacidades investigativas del Estado para combatir al crimen organizado.
Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad nacional mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que también solicitó al Poder Judicial declarar a la ciudad como “zona sujeta a investigación especial”.
Con esta decisión, el gobierno nacional da un paso más en su política de seguridad para Rosario, donde desde diciembre del 2023 se despliega el Plan Bandera, un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales.
La ley equipara la responsabilidad penal de todos los miembros de una organización criminal, otorgando la misma condena al autor intelectual y hasta a quienes hayan contribuido con acciones mínimas. Además, habilita intervenciones digitales, allanamientos masivos y decomisos anticipados de bienes, sin necesidad de esperar una sentencia firme.
La resolución lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich y responde al pedido formal del gobernador Maximiliano Pullaro, quien, ante una serie de ataques narco y asesinatos, reclamó al gobierno nacional la conformación urgente de un comité de crisis para frenar la escalada de violencia.
En sus fundamentos, la norma sostiene que “la situación en Rosario es crítica” y que “se ha generado una conmoción social producto de hechos delictivos de extrema gravedad”, por lo que se justifica el uso excepcional de la ley para proteger la seguridad interior.
Con la implementación de esta ley, Rosario será el escenario de prueba de una política de combate al crimen de alto impacto, en la que todos los integrantes de una banda criminal serán juzgados por igual y con penas más duras.
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