La protesta se realizó pasadas las 12 en pleno centro de Rosario. Participaron representantes de instituciones, pacientes y transportistas afectados por la crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La medida fue convocada tras la decisión del Congreso de aplazar hasta el 4 de junio el debate de la ley que busca actualizar aranceles, garantizar la continuidad de los tratamientos y mejorar la distribución de los recursos destinados al sector.
Desde el ámbito profesional, señalaron que la situación es crítica: centros cerrados, servicios interrumpidos y miles de personas sin acceso a sus terapias. La ley que esperan aprobar contempla ajustes presupuestarios fundamentales para acompañantes terapéuticos, transportistas, hogares y otros prestadores, actualmente desbordados por la inflación y la falta de pagos.
Gabriela, kinesiológa y directora de un centro de neurorehabilitación, expresó: "Estamos todos convocados acá porque hay una ley de Emergencia en Discapacidad que no se vota, que nuevamente se aplazó para el 4 de junio". Además, remarcó: "Hace un año y medio que los profesionales no tienen un aumento acorde a la inflación y a la situación real que se vive".
Según explicó, "el servicio está cortado hace cuatro días" y eso implica que "se encuentran sin atención clínica, ese es el problema". También detalló que "todos los tratamientos hoy peligran su continuidad" y que "es imposible de sostener" si no se actualiza el nomenclador que regula los pagos de todas las prestaciones: "Todo está involucrado en lo mismo, porque el pago de todas estas prestaciones, incluido el transporte, vienen de un nomenclador de discapacidad que es la ley 24.901, que es la que se requiere que se actualice en cuanto a aranceles para poder sostenerlo".
"En el medio queda el paciente, completamente desprotegido y sin atención", afirmó Gabriela, y criticó la falta de respuesta estatal: "La única respuesta que se escuchó el día de ayer, de parte del director de la Andis, fue que si una familia tiene un hijo con discapacidad, era problema de la familia, no del Estado".
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