La Justicia solicitó interrumpir la cremación del cuerpo de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la exboxeadora fallecida este lunes, para permitir la realización de una autopsia que aclare las causas de su muerte.
La medida fue tomada luego de una denuncia que plantea sospechas sobre el posible consumo de sustancias prohibidas.
El pedido fue realizado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que solicitó preservar el cuerpo en condiciones adecuadas con el fin de llevar a cabo los estudios forenses necesarios. La solicitud quedó asentada este martes en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, donde estaba prevista la cremación.
Oliveras, campeona mundial de boxeo en seis oportunidades y recientemente elegida como convencional constituyente, murió este lunes en el hospital Cullen tras permanecer internada desde el 14 de julio, cuando sufrió un accidente cerebrovascular isquémico que la dejó en estado crítico e irreversible.
Desde este martes se realiza su velatorio en la Legislatura provincial, con una primera instancia íntima para familiares y allegados, y luego una ceremonia abierta al público entre las 17 y las 21.30. La cremación estaba programada para el miércoles, pero la intervención judicial modificó los planes.
La denuncia que activó la investigación
El reclamo judicial fue presentado por Aldo Parodi, un fisicoculturista que, representado por la abogada Patricia Noemí Apesteguy, solicitó que se investiguen las circunstancias del fallecimiento de Oliveras, al considerarlo una muerte sospechosa.
Según expuso, podría estar vinculada al uso indebido de anabólicos y otras sustancias sin control médico.
Parodi denunció la existencia de un sistema desregulado que afecta a deportistas, quienes ,afirma, muchas veces ingresan a ese circuito “con total ingenuidad”, sin supervisión adecuada y expuestos a riesgos graves para su salud.
El escrito judicial cita diversas normativas, entre ellas las leyes 23.737 (sobre estupefacientes), 25.627 (referida a la venta de anabólicos con receta) y 26.912 (que regula el dopaje en el deporte), así como el artículo 204 Ter del Código Penal, que contempla los daños a la salud derivados del uso de sustancias prohibidas.
La denuncia sostiene que Oliveras habría recibido de manera sostenida productos que deterioraron su estado físico y aumentaron el riesgo de eventos cerebrovasculares, como el ACV que finalmente provocó su muerte, agravado luego por una embolia pulmonar.
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