La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas podría dejar sin clases a millones de estudiantes a partir de agosto. Así lo advirtieron las máximas autoridades del sistema universitario nacional, quienes aseguraron que, si el Gobierno no toma medidas urgentes, el dictado del segundo cuatrimestre está en serio riesgo.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su rector Franco Bartolacci, fue una de las voces más enfáticas: la situación, afirmó, “es cada vez más delicada”.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales, señalaron que el normal desarrollo de las actividades académicas se encuentra comprometido. En un documento oficial titulado “Universidades: sin soluciones del gobierno, peligra el segundo cuatrimestre”, los rectores hicieron un llamado de atención sobre el impacto del recorte presupuestario en salarios, infraestructura y recursos humanos.
“El segundo cuatrimestre corre peligro: lo vamos a reiterar porque lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes”, expresó el comunicado. Según señalaron, la continuidad del ciclo lectivo depende de una respuesta inmediata del Ejecutivo, tanto en materia salarial como de financiamiento básico.
Bartolacci, también vicepresidente del CIN, explicó que todas las universidades atraviesan el mismo cuadro crítico. “Conforme avanzan los meses y no aparecen las respuestas, la situación es cada vez más delicada y va comprometiendo el desarrollo normal de las actividades”, advirtió. Remarcó que las casas de altos estudios hacen “todos los esfuerzos posibles” porque conocen el sacrificio que hacen los estudiantes y sus familias, pero reconoció que las condiciones actuales no son sostenibles.
Según los datos difundidos por el CIN, en los últimos 19 meses, los salarios de los docentes universitarios cayeron un 35 %, y el presupuesto para funcionamiento se redujo un 90% en términos reales. A eso se suma la pérdida de unos 10.000 docentes altamente calificados que renunciaron ante el deterioro salarial.
En medio de este escenario, las universidades pusieron sus esperanzas en el Congreso. El martes, el CIN entregó más de un millón de firmas en apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que apunta a garantizar un piso mínimo de recursos para sostener el sistema público.
Bartolacci manifestó su optimismo respecto a la posibilidad de que el Congreso apruebe el financiamiento universitario antes de que termine agosto. Según explicó, a diferencia del año pasado, en esta oportunidad se logró construir un consenso más amplio entre los distintos sectores, lo que permitiría alcanzar una mayoría suficiente tanto en Diputados como en el Senado.
Esa ventaja, sostuvo, abre una expectativa favorable para avanzar con la sanción definitiva de la norma y reducir el riesgo de que sea vetada por el Poder Ejecutivo.
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