Tres empleados del Correo Argentino (Córdoba 721) fueron imputados este viernes por integrar una red que desviaba encomiendas internacionales para entregarlas a cambio de dinero sin pasar por Aduana. El juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz dispuso que los acusados sigan el proceso en prisión domiciliaria, mientras que un cuarto involucrado, que llegó tarde a la audiencia, espera la definición sobre su situación.
La investigación, encabezada por la fiscal federal Soledad García, apunta a que los empleados montaron un “servicio paralelo” desde la sede de Córdoba 721. Según la acusación, sustraían las encomiendas enviadas desde Monte Grande (Buenos Aires) y las entregaban directamente a los destinatarios, evitando el control aduanero y el pago de tributos.
Los imputados son:
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Hugo L., empleado ya jubilado y ex encargado de encomiendas internacionales.
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Eduardo C., jefe del Nodo Rosario.
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Maia L., pareja de Eduardo C., señalada como quien cobraba y coordinaba entregas.
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Juan A., también acusado, pero que no asistió a tiempo a la audiencia.
El esquema funcionaba con un acuerdo económico: los beneficiarios pagaban a los imputados el 50% de los tributos que deberían haber abonado en el circuito legal.
El delito imputado está encuadrado como contrabando agravado, con tres agravantes:
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La participación de más de tres personas
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La intervención de empleados públicos
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monto superior a tres millones de pesos
Entre los usuarios detectados figura un importador de Arroyo Seco, dueño de un local en Rosario, allanado en abril. Según el reporte, había adquirido juguetes coleccionables y álbumes musicales en CD y vinilo por un valor estimado en 155 mil dólares.
Los abogados Paul Krupnik y Martín Marini representan al matrimonio imputado, mientras que Fernando Sirio defiende al ex empleado jubilado.
La causa sigue bajo investigación y no se descarta que surjan nuevos involucrados.
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