El Gobierno nacional decidió cancelar los últimos convenios vigentes para el mantenimiento de caminos en rutas nacionales que atraviesan el sur de Santa Fe, incluyendo el tramo más peligroso de la Ruta 33, que conecta Sancti Spíritu con Rosario. La medida, formalizada el lunes mediante resoluciones oficiales, también implica la eliminación definitiva de licitaciones ya adjudicadas y compromisos asumidos, dejando sin efecto las obras en ejecución.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe reaccionaron con rechazo inmediato, calificando la decisión como un “abandono total” por parte del Ejecutivo nacional. La anulación afecta además a la Ruta 178, entre Las Rosas y el cruce con la Ruta 33, obras que contaban con adjudicatarios confirmados y estaban en condiciones de comenzar. Sin embargo, el Gobierno nacional argumentó, desde la visión del Gobierno santafesino, con fundamentos “irrisorios”, que los plazos habían vencido, y utilizó una cláusula de los pliegos para detener las obras sin implicaciones legales.
Desde la cartera provincial, conducida por Lisandro Enrico, aseguraron que la decisión fue “intempestiva” y que incumple fallos judiciales que obligaban a continuar con los trabajos. Además, alertaron sobre la grave repercusión en corredores donde transitan miles de santafesinos y en los que ya se registraron numerosos accidentes fatales. La suspensión del contrato en la Ruta 33 cierra la posibilidad de mejorar esa vía, una de las más transitadas y peligrosas por su alto índice de siniestros.
El Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe denunció que la política de “no hacer obras” del Gobierno nacional ha paralizado tareas en más de 2.700 kilómetros de rutas en la provincia, incluyendo las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012, además de las ya mencionadas. La provincia advirtió que en estos caminos circula el 80% de la producción nacional y que millones de vecinos circulan por su estado deplorable, sin certezas sobre su llegada a destino.
Insisten en que, si Nación no desea o no puede gestionar el mantenimiento, debe transferir la administración a Santa Fe. La provincia afirmó contar con la voluntad, experiencia y recursos para intervenir en esas rutas, habiendo mantenido con recursos propios caminos provinciales y colaborando en tareas como bacheo, poda y colocación de luminarias en rutas nacionales.
Este reclamo surge como respuesta a una problemática que afecta directamente a la comunidad, expresando que no se trata de una cuestión política, sino de un pedido urgente de vecinos que arriesgan su vida diariamente en caminos deteriorados. La provincia recordó que los impuestos nacionales que pagan los vecinos están destinados, en teoría, a obras viales, pero en la actualidad esas obras no existen.
La falta de inversión del Estado nacional impacta especialmente en los departamentos del sur santafesino, donde la demanda por rutas seguras se volvió una necesidad imperante. Por el momento, la respuesta oficial del Gobierno nacional fue el silencio administrativo y la cancelación sistemática de todos los compromisos vinculados a estas obras.
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