La provincia de Santa Fe alcanzó un hito en la supervisión del sistema penitenciario tras la sanción de una nueva Ley Penitenciaria y la creación de la figura del “interno de alto perfil”. En menos de dos años, la Justicia desestimó más de 700 recursos de hábeas corpus presentados por narcotraficantes que pretendían recuperar influencia desde las prisiones.
La iniciativa, promovida por el Gobierno Provincial, forma parte de una estrategia integral que busca reducir la influencia de las organizaciones criminales en las cárceles y en la sociedad. Desde diciembre de 2023, las acciones del Ejecutivo se centraron en fortalecer la persecución en los tribunales. La nueva normativa mejoró los controles internos, impuso requisitos más rigurosos en las visitas y comunicaciones, y estableció criterios más estrictos para alojar a reclusos considerados de alto riesgo.
“Antes de esta ley, los internos peligrosos tenían libertad dentro de las cárceles y era casi imposible que los agentes penitenciarios mantuvieran el control”, explicó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial.
En poco más de un año y medio, el equipo legal del Ministerio de Justicia y Seguridad logró obtener más de 700 fallos favorables frente a recursos presentados por reclusos vinculados al narcotráfico. Desde el ministerio destacaron que “cada decisión contribuye a reforzar el muro que separa los pabellones de las calles”, y señalaron que los cabecillas de las bandas que antes daban órdenes desde las prisiones ahora enfrentan un sistema más vigilante y estricto.
Estas acciones de control se complementan con operaciones en la calle, como la demolición de casi 80 búnkeres de venta de drogas en Rosario y otras localidades de la provincia. Con esta estrategia, Santa Fe busca mantener un modelo de seguridad que combine presencia territorial con respaldo judicial. “En el silencio de los fallos, el Estado recupera su voz y la sociedad vuelve a tener esperanza”, concluyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
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