Un fallo judicial podría transformar la manera en que las comunas gestionan los recursos que recaudan a través de las tasas rurales, al exigir mayor transparencia y garantías para los productores agropecuarios.
En una resolución sin antecedentes en la provincia de Santa Fe, la Justicia dictaminó que las comunas no podrán cobrar la tasa por hectárea si no pueden demostrar que esos fondos se utilizan efectivamente para el mantenimiento de los caminos rurales. La medida responde a años de reclamos por parte de productores, quienes denuncian el abandono de rutas y canales esenciales para la actividad agrícola.
Según el abogado Pablo Torres Barthe, quien calificó la sentencia como “exquisita”, el fallo representa un punto de inflexión al reconocer a los productores como consumidores con derechos constitucionales. Entre ellos, el acceso a información clara sobre cómo se utilizan los recursos recaudados.
El deterioro de la infraestructura rural no solo dificulta el trabajo diario en el campo, sino que también ha derivado en situaciones trágicas. Recientes accidentes en zonas rurales de Buenos Aires han vuelto a poner en agenda la urgencia de garantizar caminos en condiciones seguras.
La sentencia establece que las comunas deberán rendir cuentas y presentar informes detallados del uso de los fondos si quieren seguir percibiendo la tasa rural. “No se puede cobrar sin justificar el gasto”, enfatizó Torres Barthe. Además, remarcó que este dinero no debe ser destinado a fines ajenos, como festivales o actividades municipales no vinculadas al mantenimiento vial.
Aunque se anticipa que el fallo será apelado, su alcance ya marca un precedente que podría extenderse a otras provincias. En esencia, apunta a mejorar la gestión pública, proteger a los contribuyentes rurales y asegurar inversiones concretas en infraestructura básica, fundamental para el desarrollo del sector agropecuario.
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