Desde Alternativa, uno de los espacios libertarios aseguraron que no formarán la parte de la marcha federal universitaria en la tarde de este miércoles.
"Creemos que los recursos de la universidad no se usan para lo que deberían utilizarse", dijo a "El primero de la mañana" de LT8 Franco Matas, estudiante avanzado de relaciones internacionales en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y militante de Alternativa.
Para el joven, faltan auditorías sobre el uso de los fondos que reciben desde el Estado las casas de altos estudios, ya que la Auditoría General de la Nación (AGN) "tiene un rol figurativo, el último informe es de 2022 pero en la práctica no sirve para nada" y que la ley de financiamiento aprobada por el Congreso "lo que hace promover más fondos para que se haga ideología política en la universidad".
"La universidad tiene discrecionalidad para usar el dinero en lo que quiera, los hechos dicen que cada vez hay más cargos ñoquis", dijo el estudiante, quien anticipó que el espacio que representa no estará en la marcha "para no ser cómplice que es una rosca". Si bien pertenece a una agrupación libertaria, Matas se definió como "peronista de Perón y de la Comunidad Organizada".
Marcha Federal Universitaria
A la espera de que el gobierno avance en el veto a la ley de financiamiento universitario, docentes, estudiantes, no docentes y rectores se manifestarán este miércoles 2 de octubre en las principales ciudades del país.
La Marcha Federal Universitaria es convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además se suman la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y diversas organizaciones sociales.
A mediados de septiembre, la Cámara Alta nacional aprobó la ley de financiamiento universitario, que propone una actualización bimestral del monto de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, además de un aumento mensual de los salarios de docentes y no docentes según la inflación. Tras su sanción, el presidente prometió un "veto total", como sucedió con la movilidad jubilatoria, con el argumento que se pone en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero. Sin embargo, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto, la ley universitaria implica un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI. El gobierno tiene tiempo hasta el jueves para vetar la ley, de lo contrario quedará reglamentada.
La intención es reeditar la masiva movilización realizada en todo el país el pasado 23 de abril. "Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación universitaria, con más intervención en ciencia y tecnología, que nuestras instituciones sean las que les permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía", decía el documento conjunto que se leyó ese día en los distintos actos que se realizaron en el país.
Comentarios