Portada  |  11 agosto 2021

Abuso sexual en colegio de Rafaela: dispusieron educación domiciliaria para la menor

La niña de siete años podrá continuar su trayectoria pedagógica desde su domicilio junto a un docente designado por los propios padres de la menor.

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Rafaela continúa conmocionada luego de la denuncia de abuso sexual a una menor de siete años en el Colegio San José, dependiente del obispado, en esa localidad. La investigación continúa y la familia de la menor solicitó que sea apartado todo el personal masculino de la institución, algo que no podrá concretarse. El Director Provincial de Enseñanza Privada, Rodolfo Fabucci, explicó las razones y brindó detalles del método de proceder en estas situaciones.

"Apenas tomamos conocimiento del hecho desarrollamos tres acciones. La primera fue inmediatamente constituir a la supervisora del nivel inicial primario en el colegio para abrir la investigación presumarial. Eso dio lugar a un desarrollo en la parte de Dirección de Asuntos Jurídicos donde se abrió el sumario pertinente. Esa acción sigue su causa: ese sumario y las acciones preliminares fueron puestas a disposición de la justicia que también está realizando la investigación pertinente", comenzó diciendo Fabucci.

Y continuó: "por otro lado, la segunda acción fue comunicarnos con los papás de Mía, la chica presuntamente abusada, Vanesa y Gastón. Los atendimos juntamente con los abogados y el supervisor general Ricardo González: les dimos la garantía de la continuidad pedagógica. El interés más importante para nosotros es continuar su trayectoria pedagógica". 

Con respecto a cómo continúa la vida de la menor, explicó: "nosotros vimos una medida de excepción que otorgó la Ministra de Educación. Hicimos lo que se llama Educación Domiciliaria. El Ministerio tiene las facultades para cuando un alumno no puede movilizarse y llegar hasta la escuela en disponer horas. Le ofrecimos a la mamá y el papá de Mía esa situación: comenzó este lunes esa atención pedagógico a través de un docente que han designado los padres. Lo hemos puesto a total disposición". 

En cuanto a las acciones en el colegio, contó que "en tercer lugar, por decisión de la señora ministra, se ha dispuesto una comisión de acompañamiento al colegio. Esta comisión está integrada por el equipo del supervisor general, de las dos jefaturas de primaria inicial y secundaria, y también las supervisoras de los niveles. También hay una psicóloga que acompaña a esta comisión: comenzó a trabajar el día lunes, estuvieron martes, miércoles y hoy jueves. Esta situación nos acongoja, pero tenemos que seguir por los 1400 alumnos que tiene la institución para continuar sus trayectorias pedagógicas".

Además, recordó que "el colegio depende del obispado de Rafaela. Tuve un encuentro con el obispo porque lo anoticiamos de la situación, dolorosa, penosa. Lo que hacemos nosotros es un acompañamiento a la escuela en este momento. No podemos develar las cuestiones sumariales y presumariales: están en manos de la justicia". 

Sobre la posibilidad de que pueda apartarse al personal masculino de la institución, algo que solicitó al familia de la menor, detalló: "ayer tuve una reunión de padres, concurrieron alrededor de 45. Conversamos sobre ese tema. Evidentemente, la relación laboral de la institución es privada, no estatal. Es entre la escuela y los dependientes, ya sean profesores, asistentes escolares y demás. El estado solo hace un aporte. Las decisiones laborales las debe tomar la entidad propietaria. Nosotros vemos que esas cuestiones laborales, el apartamiento de personas, tienen que ver con el derecho laboral, constitucional. Son privados". 

"La estamos acompañando a la escuela, pero es potestad de ella las decisiones que tome con el personal. Nosotros no podemos realizar ningún perjuicio, es una etapa de investigación. Va a llevar su tiempo y no podemos tomar decisiones en ese aspecto. No es nuestra obligación y es una cuestión que puede estar impactando sobre derechos personales. Hay una petición de apartar masculinos de la situación, pero es una situación difícil: estaríamos violando derechos constitucionales de inocencia de las personas y derechos laborales", añadió. 

"Si hubiese habido un imputado, una persona imputada, si hay decisión de la justicia y nos lo dice, se aparta inmediatamente de la actividad y se pone a disposición de la justicia", cerró Fabucci.

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