El titular de la UFI AMIA, el fiscal federal Sebastián Basso, imputó y pidió la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi, acusado por el atentado terrorista a la mutual judía del 18 de julio de 1994, en tanto que también solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses en el marco de la misma causa judicial.
Los apuntados por el fiscal, en su dictamen de 201 hojas, son el ex ministro de Inteligencia Alí Fallahian, el entonces titular de Asuntos Exteriores Alí Akbar Velayati, el ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai.
También figura en la lista de Basso el ex líder de Al Quds Ahmad Vahidi, quien la semana pasada fue proclamado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria, como pudo averiguar la Noticias Argentinas.
Según la línea de investigación del fiscal, todos ellos participaron del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del Gobierno iraní que en 1993 habría autorizado la voladura de la AMIA.
Los otros ex funcionarios iraníes que tienen pedido de procesamiento sobre el ex embajador Hadi Soleimanpour; el entonces agregado cultural en esa sede diplomática, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari.
La hipótesis de Basso es que este grupo de personas formó parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal que recabó datos sobre el blanco elegido para hacer explotar la bomba y proporcionó apoyo logístico a quienes perpetraron materialmente el atentado, además de tapar las pruebas posteriormente a la masacre.
En tanto, el fiscal también reclamó el procesamiento de miembros de la organización terrorista libanesa Hezbolá, entre quienes sobresale la figura de Salman Raouf Salman por su presunto rol clave en la voladura de la AMIA, al igual que su hermano Abdallah Salman.
El último imputado es Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés asentado en Paraguay que habría facilitado certificados laborales apócrifos para que Salman Raouf Salman accediera a la ciudadanía.
