La situación del PAMI se agrava en distintas regiones del país y ya impacta directamente en la atención de más de 5,4 millones de afiliados. Jubilados denuncian demoras en turnos, cupos limitados para estudios y cobros adicionales en consultas médicas.
En localidades de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Bolívar, los afiliados comenzaron a pagar las consultas con médicos de cabecera, mientras que en Córdoba, pacientes de Marcos Juárez deben trasladarse hasta 120 kilómetros hacia Villa María tras el cierre de un sanatorio.
Según se informó, desde fines del año pasado el organismo no paga regularmente las prestaciones a clínicas, sanatorios y hospitales privados. Esto derivó en la implementación de cupos para estudios diagnósticos y en la asignación de turnos con demoras de hasta cuatro meses.
Ante este escenario, profesionales de la salud advirtieron que, hasta que se regularicen los pagos, los afiliados serán atendidos como pacientes particulares, lo que implica un costo adicional.
El circuito para acceder a estudios se volvió más complejo: el médico prescribe, el paciente solicita turno y, al momento de la atención, puede encontrarse con que el cupo está agotado, lo que obliga a realizar nuevos trámites ante el organismo.
Desde sectores gremiales señalaron que, en este contexto, se priorizan casos preoperatorios y oncológicos, mientras que otros pacientes quedan en listas de espera sin plazos definidos.
En paralelo, surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión. La ex funcionaria Viviana Aguirre apuntó a sobreprecios en distintas áreas, desde insumos médicos hasta servicios, y vinculó estas prácticas con el deterioro financiero del organismo.
La deuda con prestadores privados asciende a unos $500 millones, lo que llevó a algunas instituciones a exigir copagos. A esto se suma el reclamo histórico por aranceles congelados desde hace tres años, en un contexto de aumento de costos operativos.
Además, gremios como ATE denunciaron la falta de compra de insumos esenciales y la aplicación de cobros indebidos en algunas prestaciones.
El conflicto también tiene impacto en la estructura del sistema: se registraron despidos de personal en distintas dependencias del organismo y del sistema de salud, lo que, según denuncian los trabajadores, afecta la capacidad operativa.
En medio de este escenario, el futuro financiero del PAMI dependerá de las definiciones que surjan de las reuniones entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Mientras tanto, la crisis continúa profundizándose y cada vez más afiliados enfrentan dificultades para acceder a la atención médica en distintas regiones de Argentina.
