Entrada la segunda quincena de enero de este año, el portal web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de un breve comunicado, informó que, de no incrementarse los ingresos de los contribuyentes al punto de tener que cambiar de categoría, éstos mantendrían su categoría actual y, en consecuencia, cancelarían los períodos mensuales de 2021 a los valores de ese momento.
Asimismo, ante la falta de una ley que actualizara las categorías del Régimen Simplificado, la Administración Federal de Ingresos Públicos nunca advirtió que los pagos correspondientes a los meses devengados (con carácter previo a la sanción de la nueva ley) serían tomados a cuenta de una actualización posterior. Por eso, queda claro que, como los pagos realizados entre enero de 2021 y mayo de 2021 tienen carácter liberatorio, "no correspondería aplicar —de manera retroactiva— una norma que perjudique el contribuyente al exigir un saldo sobre esos períodos ya pagos. Sin embargo, eso es lo que, precisamente, hizo la AFIP", sostienen desde la Fundación Apolo, que a través del Equipo de Activismo Judicial que lidera José Magioncalda, denunció a Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, por no haberles informado a los contribuyentes que sus pagos de monotributo serían tomados a cuenta de la nueva actualización.
"Es obligación de dicho organismo estatal comunicarles a sus contribuyentes qué va a suceder durante el año para que estos sepan cuánto tienen que pagar. Pero no lo hicieron, no actualizaron los montos cuando debieron hacerlo, y esto llevó a que los contribuyentes, como nunca recibieron la comunicación adecuada, pagaran lo que AFIP decía que había que pagar", sostiene el Dr. Magioncalda, coordinador del equipo legal de la Fundación.
En la denuncia —que subscriben el presidente de la Fundación Apolo, Antonio Fratamico, José Magioncalda, Gabriel Salvatore y Marina Kienast—, se argumenta que la titular de la AFIP violó la propiedad privada al confiscarle la plata a los contribuyentes mediante el cobro de ese retroactivo. "En cuanto al perjuicio que la omisión de la funcionaria y su decisión provocaron en los contribuyentes, queda muy claro que la seguridad jurídica de los monotributistas se vio afectada, y sus derechos, cercenados a partir de una certeza tributaria que no era tal", añaden en la denuncia CFP 3137/2021, que ayer quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.
