En medio de una escalada de amenazas en escuelas de la provincia, el Ministerio de Seguridad confirmó que avanzará con sanciones económicas contra los responsables. La medida apunta a recuperar los costos de los operativos policiales que se activan ante cada alerta, en un contexto donde se registraron decenas de casos en pocos días.
Según explicó el secretario de Análisis y Gestión de Información, Esteban Santantino, este tipo de hechos no puede ser considerado una broma ni un juego viral. “Estamos hablando de un delito y el delito se paga”, remarcó, al tiempo que insistió en que las intimidaciones están tipificadas como delito en el Código Penal.
Desde el Gobierno detallaron que cada intervención implica un despliegue que ronda entre los 5 y 6 millones de pesos, considerando recursos humanos, móviles, combustible y refuerzos en horarios críticos como el ingreso y egreso escolar. Además del impacto económico, advirtieron que estas falsas alertas desvían personal policial que podría estar destinado a tareas de prevención.
Las autoridades señalaron que, si bien muchos de estos episodios parecen estar vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales, no se descarta ninguna hipótesis. En ese sentido, remarcaron que cada caso es investigado y que todos reciben una respuesta operativa sin ser minimizados.
En paralelo, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Educación para abordar la problemática desde un enfoque integral. Esto incluye intervenciones en las escuelas, charlas de concientización y el refuerzo del rol de las familias en el control del uso de dispositivos y redes por parte de los jóvenes.
También advirtieron sobre las consecuencias legales. Más allá de la edad, este tipo de acciones puede derivar en causas judiciales y dejar antecedentes que impacten a futuro. Incluso en casos de menores no punibles, las responsabilidades pueden alcanzar a sus familias.
