En un nuevo capítulo de la causa que investiga los vuelos del jefe de Gabinete a Uruguay, el Juez Federal Ariel Lijo dictó este sábado medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi. La mujer, secretaria de la empresa JAG Executive Aviation, denunció haber sido blanco de presiones y hostigamiento por parte de Marcelo Grandio, señalado como allegado a Manuel Adorni, mientras prestaba declaración ante la Justicia.
La resolución judicial se produjo tras un pedido formal del fiscal federal Gerardo Pollicita. El magistrado ordenó que Grandio se abstenga de contactar a Tossi por cualquier medio, ya sea personal, telefónico, digital o a través de terceros. Asimismo, se estableció una restricción de acercamiento tanto al domicilio particular de la denunciante como a su puesto de trabajo y otros lugares de concurrencia habitual.
La situación que derivó en esta medida fue calificada por la fiscalía como "escandalosa". Según consta en la causa, mientras Tossi brindaba su testimonio este viernes sobre los detalles de la contratación del vuelo privado, recibió sucesivas llamadas y mensajes de parte de Grandio. La testigo afirmó que estas comunicaciones, sumadas al envío previo de una carta documento, tenían como objetivo amedrentarla y condicionar su relato ante las autoridades.
La declaración de Tossi aportó datos que complican la situación del jefe de Gabinete. La empleada de la firma aeronáutica precisó que fue Marcelo Grandio quien efectuó el pago del traslado a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval. Además, reveló que el allegado al funcionario habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por el servicio.
Estos testimonios contradicen la versión oficial de Manuel Adorni, quien el pasado miércoles aseguró en conferencia de prensa: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no lo hubiera pagado”. Sin embargo, el piloto Agustín Issin también declaró como testigo y ratificó que la reserva y el pago fueron realizados por Grandio, a quien identificó como periodista con contratos en la TV Pública.
A raíz de estas declaraciones y de la documentación aportada, el fiscal Pollicita formuló el viernes un requerimiento para investigar el patrimonio de Adorni en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En paralelo, se inició una investigación para determinar si los actos de Grandio constituyen delitos de amenazas y coacciones. Para la fiscalía, las acciones del allegado al funcionario representan indicadores concretos de presión que atentan contra la integridad de una fuente de prueba fundamental.
El Juez Lijo dispuso finalmente que se utilicen las actas de la declaración y la documentación entregada por Tossi para avanzar formalmente en la investigación sobre las presiones denunciadas, con el fin de preservar la libertad de declaración y la seguridad de la testigo.
