La Cámara de Casación Penal convalidó hoy las restricciones en las condiciones de detención del capo narco Lindor Alvarado tras su intento de fuga en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, en marzo pasado, que contempla el alojamiento en una celda individual, el control estricto de las comunicaciones móviles y un monitoreo permanente de sus movimientos mediante cámaras de videovigilancia.
La medida fue dispuesta por los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci y Alejandro Walter Slokar, quienes declararon "inadmisible" un recurso de la defensa de Alvarado para que se revoquen esas restricciones que habían entrado en vigencia el 4 de abril pasado, un mes después del intento de fuga desbaratado por la policía y el Servicio Penitenciario Federal.
De esta manera, quedan vigentes las medidas de restricción a la detención de Alvarado que el 4 de abril pasado había dispuesto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario.
Entre ellas, los jueces dispusieron que el capo narco que permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza "sea alojado en una celda individual, y en caso de ello no ser posible, se lo reubique en otra sección del establecimiento cuyo control sea riguroso y estricto, y no mantenga contacto con otros internos procesados y/o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado".
También, que sea sometido a requisas sorpresivas, que se le prohíban las comunicaciones móviles, que se coloquen inhibidores de señal en el pabellón o módulo del penal donde se encuentre alojado, y que se monitoreen sus movimientos con cámaras de videovigilancia.
Los jueces pidieron además a las autoridades del SPF que se elabore una lista con nombre, apellido y teléfono de las personas con las cuales puede comunicarse Alvarado desde el teléfono fijo del pabellón, y que solo pueda ser visitado por esas mismas personas que figuran en ese listado.
Según la pesquisa, el intento de fuga de uno de los capos narcos más importantes del país, líder de una organización enfrentada a "Los Monos" de Ariel Máximo "Guille" Cantero en Rosario, comenzó a planificarse desde octubre del año pasado.
Según lo establecido por los investigadores, junto a Alvarado iban a escapar Claudio Javier "Morocho" Mansilla, Alan Elio Funes (del Clan Funes) y Facundo Nicolás "Macaco" Muñoz, este último condenado por narcotráfico y absuelto en el juicio por el asesinato del Claudio "Pájaro" Cantero.
Los investigadores de la PFA obtuvieron el dato a través de una persona que declaró como testigo de identidad reservada ante el Ministerio de Seguridad y, desde entonces, se comenzó a trabajar sobre el tema, con la colaboración de los fiscales de la Procunar, Diego Iglesias y su secretario Matías Álvarez, y la fiscal federal Cecilia Incardona.
Con la información obtenida, los pesquisas, que contaron con la colaboración de efectivos de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lograron acceder al teléfono celular que utilizaba el capo narco dentro de su pabellón y, mediante un sofisticado programa tecnológico, "clonar" su chat de WhatsApp y el de su interlocutor.
De acuerdo a lo que lograron obtener los pesquisas, en base a ese intercambio de mensajes de Alvarado con un hombre apodado "Lobo", los investigadores establecieron que existió un primer intento de rescate que se iba a llevar a cabo el viernes 3 de marzo a través de un helicóptero proveniente de la localidad entrerriana de Gualeguaychú, el cual descendería en el campo de deportes de la unidad.
Ese operativo de rescate se frustró, porque ese día, tres jueces de jurisdicciones distintas ordenaron la realización de distintos allanamientos en la cárcel de Ezeiza y del penal de Rawson, en el marco de operativos ante la sospecha de que desde el penal se organizaban balaceras y delitos vinculados al narcomenudeo.
Finalmente, el 10 de marzo, los efectivos de la División Drogas Peligrosas de la PFA lograron desbaratar la maniobra alrededor de las 16.10 de la tarde y detuvieron a tres sospechosos, como así también el secuestro del helicóptero.
Sin embargo, el piloto de la aeronave, el hombre apodado "Lobo", logró escapar y todavía permanece prófugo.
Los pesquisas lograron establecer que el helicóptero había sido comprado en Paraguay hace unos meses y se sospecha que fue adquirido por dinero obtenido por la venta de drogas.
El 3 de junio del año pasado, Alvarado fue condenado a prisión perpetua por un tribunal que lo encontró penalmente responsable de liderar desde la cárcel una asociación ilícita dedicada a cometer en Rosario homicidios, extorsiones, amenazas y balaceras a edificios judiciales, entre el 2012 y 2018.
Según ese veredicto, el jefe narco fue quien ordenó en 2018 el secuestro y asesinato del prestamista, Lucio Maldonado.
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