La audiencia será en el juzgado 1° en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de la jueza Romina Tesone, en Suipacha 150, donde concurrirán a las 10.30 quienes presentaron los amparos.
"Esperamos, luego de la primera audiencia que tuvimos hace casi un mes, que se pueda avanzar para que la cautelar se haga efectiva, por lo menos hasta que esté la resolución de fondo, de modo que no haya sanciones a la docencia que usa el lenguaje inclusivo", dijo ayer Celeste Fierro, quien presentó una de las acciones de amparo junto a Vanessa Gagliardi, ambas referentes del MST.
Y agregó que la resolución vulnera "derechos fundamentales como la libertad de expresión y la identidad de género".
"Nosotros planteamos que no puede haber prohibición, cada quien puede hablar como quiera y, fundamentalmente, esta resolución va en contra de la Ley nacional de Identidad de Género", agregó.
A la audiencia también irán las legisladoras porteñas del Frente de Todos Laura Velasco y María Bielli, quienes presentaron otra de las acciones de amparo, ya que el objetivo de la jornada es conformar la representación de quienes se vieron afectados por la resolución del Ejecutivo porteño.
Otra acción de amparo fue presentada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
Ayer, en tanto, hubo una audiencia a la que fueron convocados quienes defienden la resolución, es decir funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad, la legisladora porteña Marina Kienast, del bloque Republicanos Unidos, y Sandra Pitta, investigadora del Conicet y excandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio.
"La discusión sobre el lenguaje inclusivo no es una discusión lingüística, sino ideológica y política", dijo Kienast en la audiencia, y agregó que "los alumnos son cada vez más relegados y entregados a intereses políticos, mientras que los padres están lejos de ser consultados sobre las decisiones educativas que se toman con sus hijos".
José Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo, manifestó en la audiencia que, tal como lo había reconocido la propia titular del Observatorio de Género de la Justicia de CABA, el lenguaje inclusivo era una "intervención política del idioma". En esa línea, agregó que quedaba “claro que la finalidad del lenguaje inclusivo era proselitista", por lo cual “no debía tener lugar en las aulas”.
La primera audiencia se realizó el 13 de julio último, y en esa ocasión participaron tanto quienes defienden la prohibición como quienes la cuestionan.
En esa jornada, los amparistas solicitaron retrotraer la prohibición de usar el lenguaje inclusivo en las aulas porteñas hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, es decir la causa judicial.
La resolución que prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las aulas de la ciudad fue emitida el 9 de junio último. (Télam)
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