03 abr, 2026 18:26
La provisión de medicamentos de alto costo para patologías graves, poco frecuentes o de baja incidencia constituye uno de los puntos sensibles en la respuesta que debe sostener el sistema público de salud. En estos casos, una demora administrativa no representa solo una dificultad de gestión: puede implicar la interrupción de un tratamiento indispensable para la vida de un paciente. Así lo manifestó la ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, al presentar un informe sobre la situación del sistema público provincial, en el que advirtió sobre el impacto que genera la falta de respuesta oportuna del Gobierno nacional en este tipo de coberturas. “Para dimensionar esta situación tenemos que pensar que ante cada negativa o cada respuesta que no llega a tiempo, hay un paciente que no recibe la medicación que necesita”, señaló.
Gestiones que no se traducen en entregas
Uno de los circuitos en los que esta situación se expresa con mayor claridad es el de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic), que gestiona medicamentos o tecnologías sanitarias para pacientes sin cobertura con enfermedad terminal o patología crónica grave. Los datos expuestos por la cartera sanitaria santafesina muestran que, lejos de mejorar, la respuesta se deterioró durante el último año.
En 2024, la Provincia envió 451 gestiones a Nación; 337 fueron aprobadas y solo 126 se concretaron en entregas. En 2025, en cambio, las gestiones ascendieron a 680 y las aprobaciones a 482, pero las entregas efectivas cayeron a 67. De este modo, aunque Santa Fe realizó más trámites y obtuvo más solicitudes aprobadas, el 86 % no se tradujo en una respuesta concreta, frente al 63 % registrado el año anterior.
Para dimensionar el impacto de esta situación, la ministra mencionó el caso de una paciente de 3 años con leucemia linfoblástica aguda, atendida en un efector público de la ciudad de Santa Fe: ante la falta de respuesta de Nación, la Provincia se hizo cargo de la compra de la medicación necesaria por un valor de $ 283.696.000.
Coberturas demoradas y tratamientos en riesgo