La Fiscalía de la ciudad de Santa Fe solicitó una serie de medidas contra el exministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, quien está imputado junto con dos exfuncionarios del área por presunta defraudación contra la administración pública. Durante una audiencia que se inició ayer jueves y continuó en la mañana de este viernes, los fiscales no pidieron prisión preventiva para ninguno de los acusados pero sí plantearon otras disposiciones alternativas: un embargo de 200.000 dólares, fijación de domicilio, no salir de país, prohibido portar armas de fuego y mantenerse lejos de denunciantes y testigos.
La decisión de hacer lugar al pedido de la Fiscalía para que los acusados acaten estas medidas la debe tomar el juez Hernán Candioti, quien también puede conceder una morigeración. Tiene cinco días para resolver.
A Sain y al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, se les atribuye la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la Administración Pública en una licitación para la compra de armas para la Policía provincial. Según estimó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el monto del presunto fraude fue de 17.103.543 dólares.
Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández entienden que los tres imputados abusaron de su condición de funcionarios públicos para beneficiar al grupo Emprendimientos Grupo Patagónico SRL en una licitación para comprar armas y equipos para la Policía provincial, en mayo de 2020.
Durante el juicio la Fiscalía reveló que en el pliego licitatorio se pidieron armas que solamente Emprendimientos Grupo Patagónico SRL estaba en condiciones de ofrecer. Y más: las características de ese armamento fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma. Finalmente, por diversas decisiones administrativas y judiciales la licitación quedó sin efecto.
Si bien durante la audiencia Sain no tuvo lugar para realizar declaraciones, en las últimas horas utilizó Twitter para arremeter otra vez contra el fiscal Hernández, a quien ya había acusado de trabajar para el “círculo rojo” santafesino que lo juzga en esta causa.
“Si alguien tiene dudas de que el fiscal Ezequiel Hernández es un empleado de la Unión Cívica Fiscal y autor de un brutal lawfare, vean cómo opera en la política”, escribió en su cuenta, donde reprodujo sendos tuits del diputado Maximiliano Pullaro y del senador Lisandro Enrico. “Sus dos voceros: Pullaro y Enrico!!!”, completó en otro tuit.
