En medio de la semana agitada que se vivió en la Legislatura santafesina, que incluyó la constitución de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y una frustrada Asamblea Legislativa que se pospuso para el jueves 28, se escribió en segundo plano un nuevo capítulo de la pulseada que sostiene el senador Armando Traferri con los fiscales que lo investigan por su presunta participación como organizador de una banda dedicada a manejar el juego clandestino en la provincia. El sanlorencino le subió el voltaje a la pelea con fuertes acusaciones contra Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Traferri contraatacó dos días después de que el fiscal general Jorge Baclini presentara el martes un proyecto para modificar la ley 13013. Esa norma faculta a la Legislatura a controlar y sancionar la tarea de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Es decir, habilita el juzgamiento sobre los mismos fiscales que a su vez investigan, de ameritarlo, al poder político.
De ese círculo viciado propuso salir Baclini cuando asistió a la reunión de la Junta Provincial de Seguridad con el proyecto que puso sobre la mesa y que luego giró al Poder Ejecutivo: en el texto plantea volver al estado de situación de 2009 cuando la conducta de los fiscales era vigilada por un Tribunal Disciplinario, tal como opera en el caso de los jueces. De prosperar esta iniciativa la política dejará de evaluar el trabajo de la Justicia, que es lo que reclaman de manera insistente los fiscales desde hace cuatro años.
“Lo hemos dicho más de una vez de manera enfática: el control sobre los fiscales de parte de la política condiciona mucho la actividad, y ataca y afecta la autonomía. Se debe volver a un sistema de control similar al de los jueces con un jury de enjuiciamiento”, explicó Baclini.
En su proyecto, el fiscal general propone que el Tribunal Disciplinario esté integrado por un representante del Colegio de Abogados de una circunscripción distinta a la que se desempeñe el acusado; un senador y un diputado que sean designados anualmente por sus respectivas cámaras; un fiscal regional de una circunscripción diferente a la del acusado y elegido por sorteo; y el fiscal general, que sólo votaría en caso de empate.
Este intento por quitarle poder de fuego a la política ante el MPA registra un antecedente inmediato que proviene de la misma Legislatura. El diputado radical Fabián Palo Oliver presentó una iniciativa a principios de este mes con similares características, para terminar con el “control político” sobre los fiscales que quedaron subordinados a un “régimen disciplinario” manejado por la Asamblea Legislativa. “Un sistema republicano exige no sólo la mera existencia de los tres poderes sino también un razonable equilibrio entre ellos”, señaló.
Ante semejante embestida, Traferri recogió el guante y se defendió panza arriba como viene haciendo desde que estalló la investigación sobre el juego clandestino que lo tiene como protagonista. Se presentó el jueves poco antes de las 16.30 en el recinto de sesiones de la Cámara de Senadores. Hizo repartir entre cada uno de sus pares carpetas de carátula blanca, en la que en letras grandes podía leerse “Ruta de un fraude judicial”, con “documentos probatorios” de una serie de supuestas maniobras que efectuaron los fiscales Edery Schiappa Pietra para, dijo, perjudicarlo durante la investigación por juego clandestino. Y llevó también un archivo de Power Point con 19 filminas que hizo proyectar para acompañar la presentación.
La exposición de Traferri consumió la mayor parte de la hora y media que duró la sesión. Todo el material que exhibió fue remitido luego a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa porque así lo pidió en el mismo recinto su presidente, el senador peronista por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo. La comisión de Acuerdos es la que tiene la tarea de controlar y sancionar a los fiscales.
