La detención de Bracamonte tuvo lugar en su residencia en el country Los Álamos de Ibarlucea, donde se incautó una significativa suma de dinero, según confirmaron fuentes del caso. La investigación de Miguel Moreno reveló que la asociación ilícita estaba vinculada a extorsiones relacionadas con el cobro para la realización de obras y el negocio de viandas, afectando a miembros del sindicato de la construcción.
En total, se llevaron a cabo diez allanamientos en Rosario y ciudades cercanas, resultando en la detención de siete personas, incluyendo delegados de la UOCRA de Villa Constitución y San Lorenzo. Durante los procedimientos, se hallaron cajas con dinero en efectivo, una escopeta, y varias réplicas de armas.
Esta no es la primera vez que Bracamonte enfrenta problemas legales; ya fue detenido en julio de 2020 en su misma propiedad por lavado de activos, también investigado por el fiscal Miguel Moreno. En ese momento, se encontraron conexiones con al menos cuatro sociedades SRL y documentos relacionados con las empresas del líder de la barra brava. La inscripción de Bracamonte en la AFIP y su actividad comercial fueron elementos clave para su arresto.
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