La Justicia de Rosario ordenó este viernes la prisión preventiva por 30 días para Sergio L., un reparador de teléfonos móviles imputado como coautor de violación de sellos y documentos. Según la acusación del fiscal Pablo Socca en el Centro de Justicia Penal, el joven utilizó sus conocimientos técnicos para borrar mensajes de WhatsApp de un dispositivo que ya estaba bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internos, interfiriendo en una causa vinculada a una balacera y una millonaria estafa en la Policía de Santa Fe.
El hecho se desencadenó el pasado 21 de mayo, luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) secuestrara el teléfono de su madre, Norma Acosta. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras ser liberada y notificada de una causa por falso testimonio, la mujer obtuvo una nueva tarjeta SIM con el mismo número denunciando el extravío del equipo original. Inmediatamente después se reunió con su hijo, quien colocó el chip en otro aparato y vinculó la cuenta de Gmail de Acosta para recuperar el acceso a la aplicación de mensajería.
A las 19:41 de ese mismo día, ambos iniciaron una eliminación selectiva de archivos, imágenes y conversaciones. El objetivo de la maniobra era impedir que la Fiscalía accediera a chats específicos, algunos de ellos mantenidos con funcionarios públicos que aún no han sido identificados.
Este incidente es una derivación de una investigación mayor iniciada el 7 de mayo, tras una balacera en una vivienda de pasaje Larguía al 3400. En aquel momento, Acosta denunció el ataque asegurando ser una perseguida por las fuerzas de seguridad, apenas dos días después de que 16 policías fueran detenidos por una estafa multimillonaria con la carga de combustible de patrulleros en la provincia.
Sin embargo, el fiscal Socca determinó que se habría tratado de un autoatentado planificado junto a Juan José Gómez, integrante de la barra de Newell’s, con el fin de instalar hipótesis falsas sobre las autoridades policiales. Por este hecho, tanto Acosta como Gómez ya cumplen prisión preventiva por seis meses.
Resolución judicial
Tras analizar la evidencia del acceso remoto al sistema para alterar pruebas bajo custodia judicial, el juez Lisandro Artacho aceptó la calificación legal presentada por el MPA. En consecuencia, dictó la prisión preventiva efectiva por un mes para el técnico informático, mientras se profundizan las medidas para identificar a otros posibles colaboradores en la maniobra.
Por la misma causa de la balacera original, ya se encuentran imputados Nicolás R. y un joven apodado "Monta", vinculado también a la barrabrava del club del Parque Independencia, bajo cargos de abuso de armas.
Con información de lacapital.com.ar
