El futuro incierto del Puente Rosario-Victoria: 500 puestos de trabajo en riesgo

La concesionaria Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) alertó sobre la posible pérdida de más de 500 empleos debido a la decisión del gobierno nacional de readjudicar la concesión del puente Rosario-Victoria. A partir del 8 de abril, el Estado asumirá la operación del corredor vial, lo que incluye la Ruta 174 y la autopista del Mercosur, dejando fuera a CRUSA, que actualmente gestiona el servicio.

La empresa señaló que, además de la incertidumbre laboral, la medida podría traer consecuencias negativas para los usuarios y la seguridad vial. En un comunicado, CRUSA expresó que el gobierno nacional no cuenta con la capacidad operativa ni los recursos suficientes para mantener la calidad de los servicios que ofrece actualmente la concesionaria, como la asistencia en emergencias y el auxilio mecánico en caso de accidentes.

El conflicto se enmarca en un proceso de privatización de rutas a nivel nacional, impulsado por la administración de Javier Milei. Aunque el gobierno no habla de privatización directa, sí plantea una licitación pública para la readjudicación de la concesión, con la intención de reducir los costos del Tesoro nacional y promover inversiones privadas. La licitación del puente Rosario-Victoria y otras rutas viales tiene un plazo de 12 meses, con el objetivo de seleccionar a los nuevos administradores antes de 2026.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad, afirmaron que la concesión actual es "deficitaria" y que el nuevo esquema se alejará de los subsidios estatales. Voceros oficiales explicaron que la licitación permitirá generar ingresos adicionales a través de nuevos servicios complementarios en la zona, lo que beneficiaría las finanzas públicas.

Sin embargo, los trabajadores y la concesionaria cuestionan la falta de alternativas que resguarden los puestos de trabajo y aseguren la continuidad de los servicios esenciales. La empresa señaló que el gobierno debe recapacitar y encontrar soluciones menos perjudiciales para los usuarios y empleados. Además, CRUSA, advirtió que esta situación deja en vilo a más de 500 familias.