El proceso judicial comenzó con una audiencia extensa que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal, iniciándose el jueves y continuando hasta el viernes. Durante la misma, los fiscales imputaron a Alvarado y a otros implicados por intimidaciones y extorsiones hacia un hombre que alquilaba un taller de chapería y pintura, culminando en un violento ataque armado en mayo de 2022.
El modus operandi de la presunta organización criminal, según el Ministerio Público de la Acusación, incluía ocupar establecimientos mediante la violencia, utilizarlos como base para actividades ilícitas y lavar dinero a través de la venta de vehículos modificados. Se estima que el monto lavado ascendió a casi seis millones de pesos y 40 mil dólares.
El juez Florentino Malaponte, a cargo del caso, remitió la parte relacionada con el lavado de dinero a la Justicia federal. Mientras tanto, se continúa la investigación sobre las actividades delictivas atribuidas a Alvarado y sus cómplices, con énfasis en los delitos de usurpación, tentativa de homicidio, extorsión, privación ilegítima de la libertad y estafas.
La acusación sostiene que Alvarado, desde su lugar de reclusión, habría dirigido estas operaciones a través de intermediarios como Yamir C., quien supuestamente transmitía sus órdenes al resto de los implicados. Entre los bienes objeto de las maniobras ilícitas se encuentran vehículos como una Amarok, un Falcon, una F100, dos Hilux y una Sprinter.
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