Un cardiólogo y un enfermero, ambos residentes en Wheelwright, a 170 kilómetros de Rosario, quedaron en prisión preventiva tras ser imputados por poseer en su vivienda ampollas de fentanilo y morfina. La Fiscalía los acusó de suministro de estupefacientes fuera de los casos indicados por la terapéutica, agravado por su destino ilegítimo, además del ejercicio ilegal de la medicina.
En una audiencia en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi presentaron los detalles del caso, principalmente relacionados con un allanamiento realizado en la vivienda de los profesionales. El juez Aurelio Cuello Murua ordenó que ambos permanezcan detenidos por 90 días.
La investigación que involucra al cardiólogo Martín Andrada y a su pareja, el enfermero Martín P., se inició tras un allanamiento en el que se encontraron 243 ampollas de fentanilo y 50 de morfina en una caja fuerte, junto con material orgánico, quirúrgico, vacunas inyectables, medicamentos en ampollas (como diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina), bisturíes y otros insumos médicos.
Este procedimiento forma parte de una investigación en curso por una millonaria estafa al Pami, a cargo de la Unidad Fiscal Rosario. La causa está próxima a tener una audiencia judicial.
El cardiólogo Andrada, que trabaja en el Samco de Acebal, afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados de Pami y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. Sin embargo, los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa señalaron inconsistencias en esas cifras, especialmente porque la mayoría de los afiliados residían en otras provincias.
La pesquisa estima que la defraudación al Pami alcanza aproximadamente los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones fueron abonados por la obra social al profesional. Las investigaciones revelaron que el cardiólogo registraba en el sistema de Pami múltiples atenciones a decenas de pacientes, incluyendo consultas y estudios como electrocardiogramas y holters, en un patrón que generó sospechas.
La investigación se inició a partir de una actuación preliminar de la UFI-Pami, tras detectar afiliados que desconocían las consultas y prácticas médicas supuestamente realizadas por Andrada.
