Juego clandestino: piden 12 años de prisión para Serjal, ex jefe de fiscales

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, presentaron la acusación y solicitaron 12 años de prisión efectiva para el ex fiscal regional Patricio Serjal, en la causa que investigan por juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

-Patricio Serjal por los delitos de organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo agravado; falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, peculado de servicios y omisión de persecución, que a su vez entre ellos también concurren realmente; solicitando la pena de 12 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua, y una multa de 90 mil pesos.

-Al empleado judicial Nelson Ugolini, por los delitos de miembro de una asociación ilícita en carácter de autor, con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo; solicitando la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público por 10 años, y una multa de 90 mil pesos.

La Fiscalía les atribuyó a ambos haber conformado una asociación ilícita integrada además por el fiscal Gustavo Ponce Asahad (ya condenado), el empresario Leonardo Peiti (ya condenado), Maximiliano “Cachete” Díaz (ya imputado y acusado). Y también por David Perona (fallecido) y el ex comisario Alejandro Torrisi (ya condenado), junto con otras personas aún no identificadas.

El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ello sin contar con la autorización correspondiente, señalaron del MPA.

Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos, apuntaron.

Dicha organización tuvo una duración que fue al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre el senador Armando Traferri y Leonardo Peiti) hasta el 24 de julio de 2020, cuando se reunieron en la cochera rosarina de Jujuy al 2300 Traferri y Ponce Asahad, indicaron los acusadores.

Se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela. El centro de sus decisiones y negocios fue la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores. La asociación ilícita tuvo tres organizadores: Traferri, Peiti y Serjal, mientras que el resto de las personas participaron de la misma en carácter de integrantes, consta en la investigación.

Serjal fue el organizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal. Traferri le aseguraba a Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos, fundamentaron los fiscales.

Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.

Según los fiscales, Peiti se valió para ello de la participación de Traferri, quien aprovechando las influencias que tiene como senador de la provincia de Santa Fe, se encargó de vincular a Peiti con Serjal y Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.

De acuerdo a la investigación, el resto de las personas participaban en carácter de integrantes y conforme el rol que se asignaba a cada uno de ellos. Serjal usufructuando ilegalmente su rol como fiscal le brindó a Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que le entregaba periódicamente.

Para ello se valió de Ponce Asahad quien se contactaba con Peiti, recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales en contra de Peiti.