Juego clandestino: Serjal sale en libertad con una fianza de 10 millones

La Justicia le concedió la libertad a Patricio Serjal, ex fiscal regional imputado en la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe. El juez Guillermo Llaudet dispuso revocar la resolución de primera instancia cuando le dictaron prisión preventiva al ex funcionario del MPA. Entre otras reglas alternativas deberá pagar una fianza de 10 millones de pesos para recuperar la libertad.

El camarista Llaudet dictaminó hacer lugar al pedido de la defensa y revocó la resolución de la jueza Eleonora Verón. Entre las medidas no privativas de la libertad para Serjal, le impusieron la prohibición de salir del país; depositar una caución por una suma no inferior a los 10 millones de pesos; evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión con los otros imputados o testigos vinculados a cualquiera de las causas en las que lo investigan.

Serjal también deberá presentarse semanalmente a la Oficina de Gestión Judicial y mantener las condiciones de abordaje terapéutico dispuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria.

En audiencia solicitada por la defensa de Serjal se apeló la prisión preventiva. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada, se opusieron a dicha apelación y solicitaron que el ex fiscal regional continúe en prisión domiciliaria como la venía cumplimentando hasta el momento.

El 6 de diciembre pasado, los fiscales Edery y Schiappa Pietra solicitaron la prórroga de la prisión preventiva con modalidad domiciliaria de Serjal, haciendo referencia de lo necesario de la extensión dado los avances en la investigación.

La jueza Verón había hecho lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prórroga de la prisión domiciliaria para Serjal hasta el 1° de marzo venidero.

Edery y Schiappa Pietra le atribuyeron a Serjal, en carácter de fiscal regional del MPA, haber incurrido en diversos delitos contra la administración pública.

Acusaron a Serjal, con la participación del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad (ya condenado) y su empleado Nelson Ugolini (ya imputado), de diseñar y ejecutar un plan cuyo objeto fue recibir dinero del empresario Leonardo Peiti (condenado), para promover el juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Según los fiscales, las actividades ilícitas contaban con la anuencia del senador provincial Armando Traferri.

A cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos o interferir en las investigaciones en curso y retardar u omitir dictámenes, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti.