Magistrado de Familia sanlorencino ratificó que los condenados no podrán regresar a la localidad

 Dos individuos habían sido sentenciados por actos de violencia intrafamiliar que incluían agresiones sexuales a cinco menores. Tras cumplir su condena, solicitaron la revocación de una medida que les impedía regresar a Puerto Gaboto, pero el juez Marcelo Escola desestimó su petición para salvaguardar a las víctimas y su entorno familiar. El abogado de los demandados, Sebastián Darrichón, calificó el fallo como "ejemplar".

El Juzgado de Primera Instancia de Familia de San Lorenzo, según informó el portal Criterio, desechó la solicitud de revocatoria presentada por Gastón Maximiliano Acuña y Alberto Gastón Iglesias, quienes habían sido condenados por violencia intrafamiliar en Gaboto, incluyendo abusos sexuales hacia menores.

La solicitud buscaba anular una medida cautelar dictada el 30 de mayo de 2024, la cual fue confirmada por el tribunal encabezado por el doctor Escola, quien priorizó el resguardo de las víctimas de violencia sexual y psicológica.

A raíz de la denuncia de Bianca, Yasmín, Iara, Vanesa y Martina, el juzgado impuso una medida cautelar que exige a los acusados mantenerse a una distancia de 200 kilómetros de Puerto Gaboto y de las víctimas, con el fin de garantizar su seguridad y prevenir posibles revictimizaciones.

Los demandados argumentaron que no había nuevos incidentes de agresión que justificaran dicha medida. Presentaron un recurso de revocatoria y apelación, alegando que la decisión carecía de justificación razonable y que vulneraba sus derechos constitucionales. Sin embargo, Escola no aceptó la apelación, ya que consideró que persistía la violencia hacia las víctimas.

El abogado de las menores, Sebastián Darrichón, expresó su satisfacción por el fallo: "Es una decisión judicial que concreta el derecho de protección a la víctima. Durante el proceso, se obtiene una condena, pero las víctimas quedan en una situación de vulnerabilidad, especialmente en un pueblo pequeño donde los espacios públicos son limitados y la violencia puede persistir".

Darrichón explicó que, tras cumplir su pena, los agresores regresaron al pueblo, lo que provocó una crisis en las menores. "Buscamos una solución a esta situación de sufrimiento y existe una normativa que protege a las víctimas, obligando al Estado a erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y a garantizar la protección integral de los derechos de los niños. Por ello, presentamos una denuncia de violencia familiar, y el juez Escola emitió un fallo ejemplar".

Los abogados de Acuña e Iglesias han decidido apelar la sentencia, y la causa será trasladada a la Cámara de Apelaciones de Rosario.