La Justicia de Rosario resolvió encerrar con prisión preventiva por 90 días al financista rosarino Patricio Carey, acusado por el fiscal Sebastián Narvaja de narcolavado de activos a través de la financiera Cofyrco.
Carey, uno de los directivos de la financiera Cofyrco ubicada en Corrientes al 800, quedó implicado en la causa luego de venderle 17 mil dólares al narco Marcelo "Coto" Medrano, quien horas después de realizar la operación, en septiembre de 2020, fue asesinado en una estación de servicios de Granadero Baigorria.
La decisión de la jueza Melania Carrara se fundó principalmente en la existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio acreditado por un nuevo hecho presentado por el fiscal: el testimonio de un testigo relevante en la causa por la función que desempeñó en Cofyrco.
Este empleado había sido contratado para analizar los roles de los integrantes de la financiera para hacer mas eficiente el trabajo que allí se realizaba, por lo que conocía detalladamente su funcionamiento.
Cuando ya se encontraba imputado, Patricio Carey lo citó personalmente para consultarle sobre la actividad que ellos realizaban en Cofyrco, indicaron fuentes judiciales.
En un primer momento, el testigo en cuestión declaró que no tenía mucho contacto con el imputado, que era un persona cerrada.
Pero luego, ante una segunda convocatoria de la Fiscalía en la que solicitó que no quedara registro de su declaración por temor a represalias, dio detalles de cómo funcionaba la financiera y el rol de dirección que tenía Patricio Carey.
El contacto del financista con su ex empleado habría sido determinante en su actitud al declarar, lo que fue considerado por la jueza como entorpecimiento probatorio.
Los fiscales Narvaja y Miguel Moreno tuvieron conocimiento de este nuevo hecho el 18 de noviembre, cuando el imputado ya se encontraba de viaje al Mundial de Qatar, razón por la que dispusieron su detención al volver pese a que no tenía prohibición de salir del país y había avisado a la justicia.
Según la acusación, Carey recibió entre marzo de 2018 y septiembre de 2021, la cantidad de 174 documentos de identidad de procedencia ilícita que habían sido extraviados, hurtados o sustraídos ilegítimamente a sus propietarios.
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