Un nuevo golpe al comercio de estupefacientes al menudeo se concretó en la ciudad de Rosario. En el marco de las acciones conjuntas entre la policía provincial y la justicia, se ejecutó la demolición del búnker número 70 en la ciudad y el 119 en todo el territorio santafesino desde la implementación de la normativa vigente.
Las fuerzas de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, procedieron al derribo e inactivación de este punto de venta de drogas ubicado en la calle Centeno al 2400, casi llegando a la esquina de Santiago. El operativo se desarrolló en una zona delimitada por los barrios Villa Moreno y Villa Centeno, sectores afectados por reiteradas balaceras y disputas territoriales vinculadas al narcomenudeo.
La edificación, que constaba de un living, dos habitaciones y dos baños, no se encontraba en condiciones de habitabilidad, salubridad ni poseía servicios básicos. Según las investigaciones previas, el inmueble era utilizado exclusivamente para el acopio y la comercialización de sustancias ilícitas, registrando elevados índices de criminalidad en sus alrededores.
El fiscal de microtráfico, César Cabrera, presente en el lugar del hecho, detalló los alcances de la medida judicial: "Era un lugar donde se había verificado la venta de materiales estupefacientes. Se habían realizado investigaciones previas, identificado a algunas personas y se procedió a realizar un allanamiento con resultados positivos, en el cual se detuvo a la persona y se secuestró el material".
La intervención responde a la aplicación de la Ley de Microtráfico, aprobada en el año 2023 y puesta en ejecución a partir de 2024. Esta herramienta legislativa faculta a la justicia provincial a disponer la inactivación, el tapialado o la demolición de los espacios utilizados por las bandas criminales, permitiendo además que los ciudadanos colaboren con el proceso mediante la realización de denuncias anónimas.
Respecto al destino del predio ubicado en la calle Centeno, Cabrera aclaró que, en principio, el espacio no será utilizado para ningún proyecto futuro, sino que permanecerá inutilizado bajo un estricto control para evitar su reapertura. El funcionario judicial enfatizó que la acción busca generar un impacto visual concreto que ratifique la política criminal diseñada por la Fiscalía General en la provincia de Santa Fe.
Durante las tareas operativas, el perímetro se mantuvo custodiado por efectivos de la policía de Santa Fe, quienes dispusieron el corte total de la calle para garantizar el avance de las maquinarias pesadas. Vecinos del barrio y comerciantes de la zona presenciaron el derrumbe de las estructuras remanentes y manifestaron que la desaparición de este punto de venta aporta mayor seguridad y tranquilidad a los habitantes del lugar.
